Teves y Rigourd ratifican sus versiones

La semana en curso puede ser considerada la más activa para las investigaciones penales que implican a los fiscales Alejandro Noguera (Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción), Guillermo Herrera (N°10) y Arnoldo Suasnábar (N°7), y a los jueces Juan Francisco Pisa y Marcelo Mendilaharzu, y que comenzaron en febrero, a partir de un goteo de denuncias que no cesa. Entre las novedades acaecidas están las declaraciones testimoniales de Jorge Rigourd ( acusado de haber perpetrado una estafa reiterada inédita con la financiera Cofin S.A.; el fiscal Herrera lo acusó de invertir el dinero de los ahorristas en sociedades fantasmas para luego declararse insolvente y no devolverles la plata a sus clientes), y de la también imputada Roxana Teves. Ambos ratificaron en la Fiscalía N°4, de Diego López Ávila, los relatos que habían dado a este diario y que incriminan a Herrera, entre otros.

Las declaraciones en sede judicial procedieron previa desacumulación de las denuncias (ver “Múltiples procesos”). Rigourd compareció el lunes, según confirmó su abogado Arnaldo Ahumada. En la Fiscalía N°4, el empresario imputado por Herrera dejó una filmación del allanamiento de las oficinas de Cofin y reiteró la versión de que el fiscal exigió a su colaborador Jorge Cosentino el pago de $ 90.000 a una presunta sobrina suya, María Posse Bruhl, a cambio de no ser detenido. “Desesperado, Cosentino salió a buscar los fondos y terminó dando el dinero para no quedar preso. Todo esto puede ser probado con mensajes y cruces de llamados”, describió Rigourd en una entrevista publicada el 24 de mayo (por pedido de Herrera y decisión de la jueza Mirta Lenis de Vera, él y su socio, Hugo Sánchez, estuvieron detenidos a fines del año pasado). Ahumada comentó que el relato del empresario fue corroborado por el también imputado Sánchez, que declaró ayer en la Fiscalía N°4.

A diferencia de Rigourd, que estaba fuera de la provincia cuando el fiscal N°10 practicó el allanamiento de Cofin SA, Sánchez presenció dicho procedimiento. Los acusados denunciaron excesos como la apertura violenta y sin autorización de 276 cajas de seguridad, y la intimidación a las empleadas de Cofin SA, a quienes -dijeron- obligaron a desnudarse.

El martes también prestó declaración Teves, que concurrió a la oficina de López Ávila en compañía de su abogado Juan Roberto Robles. Ese letrado informó que la mujer sostuvo y precisó la versión publicada en la edición del 12 de abril de este diario. En esa entrevista, Teves había manifestado que ella, su hijo, su hija y su nuera fueron detenidos en 2010 por pedido de Herrera y decisión de la difunta jueza Emma De Nucci con la acusación de haber montado una asociación ilícita para secuestrar a su pareja de diez años, Augusto Vito Severini, y robarle los bienes (el concubino falleció en 2009). Luego, Herrera pidió la prisión preventiva para todo el grupo familiar, requerimiento que acogió De Nucci, pero, al poco tiempo, ambos consintieron el cese del cautiverio -prolongado durante casi dos meses- cuando Teves, que había obtenido medidas cautelares a su favor en sede civil, renunció a sus pretensiones sobre el patrimonio de más de $ 20 millones que había dejado Severini.

“Siento que todo esto pasó porque se metieron Herrera y los Jiménez: los hijos del ministro público Edmundo Jiménez, Edmundo (h) y Ana Lucía, fueron los abogados de la denunciante Carolina Severini y la representaron tanto en la sede civil como en la penal”, expresó Teves en la entrevista.

Este martes asimismo declaró Jesús Alberto Cazzuchelli, padre de Lucas Cazzuchelli, joven asesinado el 8 de junio de 2013. En la Fiscalía N°4, el querellante insistió con que Herrera y Mendilaharzu recibieron dinero a cambio de conceder, durante la última feria judicial, el cese de la prisión preventiva a Mauricio Cano, principal sospechoso del crimen. Cazzuchelli, que compareció con el letrado Pablo Rivera, sostiene que los fondos fueron aportados por Luis Espeche, intendente de Bella Vista.