14 Mayo 2015
SANTIAGO DEL ESTERO.- La justicia federal de Santiago del Estero investiga a 18 personas que se sospecha cumplieron funciones de "informantes" que se infiltraban en distintos organismos, antes y durante la última dictadura cívico militar.
Se trata de los civiles conocidos como "topos" que trabajaron para la ex SIDE en Santiago del Estero y que el represor Antonio Musa Azar, que actualmente cumple cuatro condenas a prisión perpetua, supo estimar en 350 los afectados a servicios de inteligencia en la llamada "La Gestapo Santiagueña".
Incluso, los informantes durante la última dictadura, que utilizaban nombres falsos para ocultar su verdadera identidad, fueron mencionados en los distintos juicios orales por delitos de lesa humanidad realizados en el Juzgado Federal de Santiago del Estero.
Antenor Ferreyra, uno de los abogados querellantes que representa a familiares de víctimas e integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), reveló que la justicia "dispone de una lista con nombres nombres de personas vinculadas a las tareas de inteligencia que respondieron a la policía y el ejército durante la dictadura militar".
En tanto, organizaciones de derechos humanos de Santiago del Estero volvieron a reclamar la agilización de varias causas pendientes por delitos de lesa humanidad, que involucran a ex policías, funcionarios judiciales y civiles de esta provincia, en el marco de la recordación de un nuevo aniversario del golpe militar de 1976.
Se trata de las causas que investiga el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari.
En los pedidos de elevación a juicio oral figuran las causas que involucran al ex juez Arturo Liendo Roca y ex fiscal Santiago Olmedo, procesados por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", tras la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que anuló una falta de mérito concedida en primera instancia.
Liendo Roca y Olmedo se encuentran acusados de los delitos de "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público", tras las denuncias y testimonios ofrecidos por víctimas de la última dictadura cívico militar, algunas de las cuales fueron escuchadas en distintos juicios orales por delitos de lesa humanidad.
El mismo magistrado deberá resolver, también, la elevación a juicio del denominado "Grupo 3" que tiene como principal acusado al ex jefe de la policía santiagueña Ramón Warfi Herrera, procesado por "secuestros, torturas y desapariciones" durante la última dictadura.
En la misma causa también se encuentran procesados el segundo jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141, Cayetano Fiorini y el ex militar Jorge D´ Amico, actualmente alojados en la prisión federal de Colonia Pinto, distante a 55 kilómetros al sur de la capital provincial.
Herrera está acusado de "secuestros, torturas y desapariciones en perjuicio de Lídoro Oscar Aragón, Hugo Arnaldo Vega, Hugo Milcíades Concha, Santiago Augusto Díaz, Dardo Exequiel Arias, Abdala Auad, Roberto Bugatti, Héctor Rubén Carabajal, Daniel Enrique Dicchiara, Mario Alejandro Giribaldi, Miguel Angel Lema Aguiar, Guillermo Augusto Miguel y Julio César Salomón.
El mismo magistrado federal también debe resolver causas judiciales instruidas contra la ex gobernadora constitucional Mercedes "Nina" Aragonés de Juárez, los ex funcionarios judiciales Liendo Roca, Olmedo, Eduardo López, Lorna Hernández, el sacerdote Carlos Marozzi y el ex militar Hugo Badecich, entre otros.
Las mismas fuentes indicaron que la demora en la realización de nuevos juicios orales, surge ante la falta de integración de tribunales, toda vez que los anteriores fueron recusados. (Télam)
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