13 Mayo 2015
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) decidió que una comisión ad hoc investigue una resolución firmada por el ex rector Juan Alberto Cerisola, que implicó que esa casa deje de percibir el 50% de las utilidades de la firma Yacimiento Mineros de Agua de Dionisio (YMAD).
La decisión había sido previamente acordada por la mayoría de los consejeros, tras una reunión conjunta de las tres comisiones permanentes del cuerpo -Hacienda, Interpretación y Reglamento, y Enseñanza y Disciplina-, a raíz de un planteo presentado como asunto entrado en la primera sesión del año del Consejo -14 del mes pasado-, por el representante de los graduados Ricardo Cisneros.
La resolución de referencia, firmada por Cerisola el 2 de enero de 2008, daba por terminadas las obras enmarcadas dentro del concepto de ciudad universitaria. Esto tenía dos consecuencias inmediatas para la UNT: por un lado, se dejaba de percibir la mitad de las utilidades de YMAD que por ley correspondía -según estimaciones, alrededor de $ 500 millones, desde entonces-. El porcentaje resignado pasaba a distribuirse entre el resto de las universidades nacionales (UUNN). Por otro, la mitad que se seguía recibiendo se podía empezar a usar con libre disponibilidad -antes, sólo debía destinarse ese dinero a obras; más precisamente, a concluir la referida ciudad-.
El planteo elevado por Cisneros apuntaba a que la actual conducción rectoral -liderada por Alicia Bardón- se presente ante la Justicia para reclamar que anule aquella resolución. El Rectorado no puede anularla, porque ya generó consecuencias: la mayoría de las UUNN ya recibieron -y utilizaron- los fondos provenientes de YMAD.
Finalidad
La comisión creada para investigar aquel acto administrativo estará conformada por los decanos Adela Seguí (Derecho) y José Luis Jiménez (Económicas); por los docentes Jorge Molina y Ramón Hugo Gani; por los estudiantes Mariano Mauvecín y Agustín Santos; por Cisneros y por la representante de los no docentes, Graciela Navarro.
El equipo de trabajo -que deberá expedirse en 30 días hábiles- tendrá como finalidad específica recabar toda la documentación existente en torno de aquel acto administrativo, para que se puedan evaluar las distintas implicancias de iniciar alguna acción en la Justicia. La comisión podrá solicitar, además, asesoramiento legal especializado.
“Cuando se trató este tema en comisiones se dijo que se debía llegar al más profundo detalle de lo que había sucedido para que se conozca la verdad. Incluso, la decana de Psicología (Rosa Castaldo) había dicho que debía ser ejemplificador, para que no suceda nunca más. Pidamos a la Justicia que anule esto, para que no haya un pícaro que se esté riendo”, reclamó Cisneros. “Esto es de gran relevancia institucional; si se logró conformar esta comisión que cuente con amplias facultades para requerir información”, añadió Seguí.
En septiembre, Cerisola había dicho a LA GACETA que cuando YMAD empezó a distribuir utilidades vieron que el proyecto de ciudad universitaria -la obra inconclusa, ubicada en San Javier- ya no era viable, y a raíz de ello, redefinieron el concepto. “No goberné solo, sino con decanos, funcionarios rectorales y de las facultades, cuatro conformaciones del Consejo Superior. Siempre se discuten las decisiones”, había advertido.
La decisión había sido previamente acordada por la mayoría de los consejeros, tras una reunión conjunta de las tres comisiones permanentes del cuerpo -Hacienda, Interpretación y Reglamento, y Enseñanza y Disciplina-, a raíz de un planteo presentado como asunto entrado en la primera sesión del año del Consejo -14 del mes pasado-, por el representante de los graduados Ricardo Cisneros.
La resolución de referencia, firmada por Cerisola el 2 de enero de 2008, daba por terminadas las obras enmarcadas dentro del concepto de ciudad universitaria. Esto tenía dos consecuencias inmediatas para la UNT: por un lado, se dejaba de percibir la mitad de las utilidades de YMAD que por ley correspondía -según estimaciones, alrededor de $ 500 millones, desde entonces-. El porcentaje resignado pasaba a distribuirse entre el resto de las universidades nacionales (UUNN). Por otro, la mitad que se seguía recibiendo se podía empezar a usar con libre disponibilidad -antes, sólo debía destinarse ese dinero a obras; más precisamente, a concluir la referida ciudad-.
El planteo elevado por Cisneros apuntaba a que la actual conducción rectoral -liderada por Alicia Bardón- se presente ante la Justicia para reclamar que anule aquella resolución. El Rectorado no puede anularla, porque ya generó consecuencias: la mayoría de las UUNN ya recibieron -y utilizaron- los fondos provenientes de YMAD.
Finalidad
La comisión creada para investigar aquel acto administrativo estará conformada por los decanos Adela Seguí (Derecho) y José Luis Jiménez (Económicas); por los docentes Jorge Molina y Ramón Hugo Gani; por los estudiantes Mariano Mauvecín y Agustín Santos; por Cisneros y por la representante de los no docentes, Graciela Navarro.
El equipo de trabajo -que deberá expedirse en 30 días hábiles- tendrá como finalidad específica recabar toda la documentación existente en torno de aquel acto administrativo, para que se puedan evaluar las distintas implicancias de iniciar alguna acción en la Justicia. La comisión podrá solicitar, además, asesoramiento legal especializado.
“Cuando se trató este tema en comisiones se dijo que se debía llegar al más profundo detalle de lo que había sucedido para que se conozca la verdad. Incluso, la decana de Psicología (Rosa Castaldo) había dicho que debía ser ejemplificador, para que no suceda nunca más. Pidamos a la Justicia que anule esto, para que no haya un pícaro que se esté riendo”, reclamó Cisneros. “Esto es de gran relevancia institucional; si se logró conformar esta comisión que cuente con amplias facultades para requerir información”, añadió Seguí.
En septiembre, Cerisola había dicho a LA GACETA que cuando YMAD empezó a distribuir utilidades vieron que el proyecto de ciudad universitaria -la obra inconclusa, ubicada en San Javier- ya no era viable, y a raíz de ello, redefinieron el concepto. “No goberné solo, sino con decanos, funcionarios rectorales y de las facultades, cuatro conformaciones del Consejo Superior. Siempre se discuten las decisiones”, había advertido.
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