06 Diciembre 2014
El nuevo Código Procesal Penal nació cuestionado
La nueva ley fija que las causas penales deberán tener un plazo máximo de duración de tres años. La investigación previa no podrá superar los 12 meses. Hubo resistencia opositora al anexo que promueve la designación de 1.700 fiscales, descripta como una maniobra para garantizarles impunidad a los funcionarios del Gobierno. La ley entraría en vigencia el 1 de agosto de 2015.
EL BLOQUE UNIDO. Los diputados oficialistas, enterados de la restitución del nieto 116, decidieron exhibir en sus bancas el hecho como un logro del Gobierno. dyn
BUENOS AIRES.- Las acusaciones cruzadas dominaron la Cámara de Diputados en las últimas horas del jueves, cuando se hizo ley el nuevo Código Procesal Penal, que reemplaza el sistema inquisitivo por uno acusatorio. Los fiscales se harán cargo de la investigación; se pauta la oralidad del proceso, se reduce la duración de las causas y se revaloriza a las víctimas.
La iniciativa impulsada por el gobierno de Cristina Fernández fue aprobada por 130 votos del Frente para la Victoria y sus aliados; y recibió 99 voluntades en contra y dos abstenciones.
El nuevo Código Procesal Penal establece que las causas deberán durar como máximo tres años, con un plazo máximo de un año para la investigación previa. Prevé además sanciones si los jueces demoran los casos.
Le dará, asimismo, más participación a las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes, ya que serán protegidas, podrán intervenir en el expediente y seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Amplía en tanto los supuestos para el dictado de la prisión preventiva. En uno de los puntos más polémicos, la norma establece que al extranjero que sea sorprendido en flagrancia de un delito, cuya pena mínima no fuera superior a tres años de prisión, se le aplicará la expulsión del país.
La oposición respaldó los ejes centrales de la reforma, pero votó en contra por considerar que dota de mayor poder a la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, acusada de actuar de acuerdo con los intereses del Gobierno y que habría sido nombrada para garantizar “impunidad” para los funcionarios del Ejecutivo.
“No nos rasguemos las vestiduras”, contestó la kirchnerista Diana Conti, para rechazar las críticas de la oposición y asegurar que “esos cargos que se crean son bien habidos y bien dados. Aún con el Código actual, con la procuradora de la Nación cuestionada, como la quieren hacer ver, es insuficiente” el personal del Ministerio Público para que “se aceleren los juicios”.
Desde el radicalismo se insistió con que el nuevo Código Procesal Penal permitirá nombrar casi 1.700 cargos en el Ministerio Público afines al Gobierno. (DyN)
OFICIALISMO
Giannettasio resaltó que ahora se le da protagonismo a la víctima
Graciela Giannettasio (FpV), como presidenta de la comisión de Justicia, fue la miembro informante del oficialismo. Destacó que el nuevo Código le da protagonismo a la víctima y, entre otras cosas, “utiliza de manera rigurosa el esquema de garantías y la oralidad”. Aseguró que el actual sistema “no cumple eficazmente sus funciones”, “se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano, no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales”. Resaltó que, como rasgo principal, el nuevo Código plantea el reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio. “Apunta a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites”, resumió.
OPOSICIÓN
"El gobierno sólo quiere proteger a los corruptos del poder"
El jefe de la bancada radical, Mario Negri, señaló que “para el Gobierno el proyecto es un accesorio, porque lo esencial es el Anexo 2 (referido a crear 17 fiscalías y 1713 nuevos cargos en fiscalías y defensorías del país), que es el huevo de la serpiente”. En este sentido, Laura Alonso (Unión PRO) dijo que esta ley promueve “elegir fiscales amigos del poder que protejan a los corruptos del poder” y remarcó: “ésta es la verdadera intencionalidad política”. “Les importa un pito la puerta giratoria y la celeridad de los procesos”, aseguró Alonso, y agregó: “lo único que persigue el Ejecutivo es “la absolución y sobreseimiento de los funcionarios acusados de corrupción”. (DyN)
EL FISCAL INVESTIGARÁ
Con los cambios, las víctimas y familiares podrán intervenir
Con esta reforma del Código Procesal Penal se pasa de un sistema mixto de carácter inquisitivo a uno acusatorio. Hasta ahora, el juez puede realizar la investigación o delegarla en el fiscal. A partir de la vigencia de esta nueva norma, será el fiscal quien lleve adelante la investigación mientras que el magistrado dictará las resoluciones judiciales: juzgará, absolverá o condenará. En tanto, en este nuevo escenario, las víctimas y sus familiares podrán exigir medidas cuando el juez y el fiscal no lo hagan.
CELERIDAD Y ORALIDAD
Será el fin de la justicia sumaria y la extensa duración del proceso
El Código incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y “desformalización” de las decisiones. Ningún proceso podrá durar más de tres años y agilizará la revisión de las decisiones. Esta nueva lógica no se agota en la investigación y el juicio; se traslada a toda la etapa de recursos y a la de ejecución de la pena. Todas las decisiones serán orales, en audiencia pública y con sentencia en el mismo momento. La oralidad dará contemporaneidad a las decisiones, publicidad y participación por parte de la víctima, que hoy no tiene.
UN PROCESO ÁGIL
Se limitan los tiempos para que las causas se envíen a juicio oral
El nuevo Código fija tiempos más cortos para que la causa sea enviada a juicio oral. La instrucción en las causas que hoy lleva entre tres o cuatro años, se realizará como máximo en tan sólo un año y el juicio oral deberá realizarse entre 5 y 30 días una vez terminada la investigación o instrucción. La causa no prescribe. Además, las apelaciones a las sentencias deberán resolverse también en cinco días, desde el momento en que se interponen. Se prevé que el 90% de los casos estará resuelto en no más de 10 meses.
PREVÉN SANCIONES
Fiscales o jueces serán castigados cuando no cumplan con los plazos
Sobre la agilización del proceso, se fija también la regulación de la conciliación y mediación entre víctima y victimario, evitando así que casos menores lleguen a juicio oral. A la par, se prevén sanciones para los jueces o fiscales que no cumplan con los plazos. Si los fiscales, en su carácter de investigadores, o los jueces, como juzgadores, no cumplen con los tiempos para juzgar o para investigar serán castigados con sanciones graves. Y tres sanciones graves, según la legislación vigente, son causal de jury para un juez.
La iniciativa impulsada por el gobierno de Cristina Fernández fue aprobada por 130 votos del Frente para la Victoria y sus aliados; y recibió 99 voluntades en contra y dos abstenciones.
El nuevo Código Procesal Penal establece que las causas deberán durar como máximo tres años, con un plazo máximo de un año para la investigación previa. Prevé además sanciones si los jueces demoran los casos.
Le dará, asimismo, más participación a las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes, ya que serán protegidas, podrán intervenir en el expediente y seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Amplía en tanto los supuestos para el dictado de la prisión preventiva. En uno de los puntos más polémicos, la norma establece que al extranjero que sea sorprendido en flagrancia de un delito, cuya pena mínima no fuera superior a tres años de prisión, se le aplicará la expulsión del país.
La oposición respaldó los ejes centrales de la reforma, pero votó en contra por considerar que dota de mayor poder a la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, acusada de actuar de acuerdo con los intereses del Gobierno y que habría sido nombrada para garantizar “impunidad” para los funcionarios del Ejecutivo.
“No nos rasguemos las vestiduras”, contestó la kirchnerista Diana Conti, para rechazar las críticas de la oposición y asegurar que “esos cargos que se crean son bien habidos y bien dados. Aún con el Código actual, con la procuradora de la Nación cuestionada, como la quieren hacer ver, es insuficiente” el personal del Ministerio Público para que “se aceleren los juicios”.
Desde el radicalismo se insistió con que el nuevo Código Procesal Penal permitirá nombrar casi 1.700 cargos en el Ministerio Público afines al Gobierno. (DyN)
OFICIALISMO
Giannettasio resaltó que ahora se le da protagonismo a la víctima
Graciela Giannettasio (FpV), como presidenta de la comisión de Justicia, fue la miembro informante del oficialismo. Destacó que el nuevo Código le da protagonismo a la víctima y, entre otras cosas, “utiliza de manera rigurosa el esquema de garantías y la oralidad”. Aseguró que el actual sistema “no cumple eficazmente sus funciones”, “se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano, no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales”. Resaltó que, como rasgo principal, el nuevo Código plantea el reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio. “Apunta a la celeridad, la oralidad, la publicidad y a simplificar los trámites”, resumió.
OPOSICIÓN
"El gobierno sólo quiere proteger a los corruptos del poder"
El jefe de la bancada radical, Mario Negri, señaló que “para el Gobierno el proyecto es un accesorio, porque lo esencial es el Anexo 2 (referido a crear 17 fiscalías y 1713 nuevos cargos en fiscalías y defensorías del país), que es el huevo de la serpiente”. En este sentido, Laura Alonso (Unión PRO) dijo que esta ley promueve “elegir fiscales amigos del poder que protejan a los corruptos del poder” y remarcó: “ésta es la verdadera intencionalidad política”. “Les importa un pito la puerta giratoria y la celeridad de los procesos”, aseguró Alonso, y agregó: “lo único que persigue el Ejecutivo es “la absolución y sobreseimiento de los funcionarios acusados de corrupción”. (DyN)
EL FISCAL INVESTIGARÁ
Con los cambios, las víctimas y familiares podrán intervenir
Con esta reforma del Código Procesal Penal se pasa de un sistema mixto de carácter inquisitivo a uno acusatorio. Hasta ahora, el juez puede realizar la investigación o delegarla en el fiscal. A partir de la vigencia de esta nueva norma, será el fiscal quien lleve adelante la investigación mientras que el magistrado dictará las resoluciones judiciales: juzgará, absolverá o condenará. En tanto, en este nuevo escenario, las víctimas y sus familiares podrán exigir medidas cuando el juez y el fiscal no lo hagan.
CELERIDAD Y ORALIDAD
Será el fin de la justicia sumaria y la extensa duración del proceso
El Código incorpora los principios de celeridad, oralidad, publicidad y “desformalización” de las decisiones. Ningún proceso podrá durar más de tres años y agilizará la revisión de las decisiones. Esta nueva lógica no se agota en la investigación y el juicio; se traslada a toda la etapa de recursos y a la de ejecución de la pena. Todas las decisiones serán orales, en audiencia pública y con sentencia en el mismo momento. La oralidad dará contemporaneidad a las decisiones, publicidad y participación por parte de la víctima, que hoy no tiene.
UN PROCESO ÁGIL
Se limitan los tiempos para que las causas se envíen a juicio oral
El nuevo Código fija tiempos más cortos para que la causa sea enviada a juicio oral. La instrucción en las causas que hoy lleva entre tres o cuatro años, se realizará como máximo en tan sólo un año y el juicio oral deberá realizarse entre 5 y 30 días una vez terminada la investigación o instrucción. La causa no prescribe. Además, las apelaciones a las sentencias deberán resolverse también en cinco días, desde el momento en que se interponen. Se prevé que el 90% de los casos estará resuelto en no más de 10 meses.
PREVÉN SANCIONES
Fiscales o jueces serán castigados cuando no cumplan con los plazos
Sobre la agilización del proceso, se fija también la regulación de la conciliación y mediación entre víctima y victimario, evitando así que casos menores lleguen a juicio oral. A la par, se prevén sanciones para los jueces o fiscales que no cumplan con los plazos. Si los fiscales, en su carácter de investigadores, o los jueces, como juzgadores, no cumplen con los tiempos para juzgar o para investigar serán castigados con sanciones graves. Y tres sanciones graves, según la legislación vigente, son causal de jury para un juez.
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