Por LA GACETA
05 Octubre 2014
La jefa de Estado, Cristina Fernández, ha designado un nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la máxima autoridad monetaria del país y el principal referente del sistema financiero. A todas luces, no se trata de una designación más en el elenco de las autoridades que rigen el destino económico del país, aunque haya que recordar que es el quinto cambio de autoridad en el Banco Central desde 2003, año desde que el actual oficialismo ejerce el Gobierno Nacional.
Organismo que supo tener importante márgenes de autonomía institucional -como funciona en los principales países del mundo en razón de que expresa y decide políticas estratégicas, abarcadoras, profesionales y fundamentales- el BCRA ha ido progresivamente destiñendo el rol por el que fue fundado por el tucumano Raúl Prebisch en 1935: ser la institución rectora del sistema financiero del país y encargado y defensor de la política monetaria.
Más aún: en estos últimos años, los cambios de autoridad en el BCRA han ocurrido en medio de escándalos políticos o de denuncias sin precedentes, como fueron los casos de Juan Carlos Fábrega -prácticamente denostado en público por la Presidenta-, de Martín Redrado -destituido de su cargo por la mandataria el 7 de enero de 2010 porque se negó a permitir el uso de las reservas para pagar deuda; y repuesto por la Justicia, aunque luego renunció-, o la de su sustituta, Mercedes Marcó del Pont, que a su vez dejó el puesto al quedar en evidencia la ineficiencia de su gestión para contener la fuga de capitales. Y, además en estos casos, ninguno de los responsables pudo finalizar el mandato para el que habían sido designados.
Llama entonces la atención las actitudes de virtual atropello y falta de respeto con las que el Poder Ejecutivo viene manejándose con una institución de la envergadura y lugar central en la vida y la historia económica del país como es el Banco Central y sus autoridades. Podría entenderse que por necesidades de política económica y financiera, y hasta de gestión pública el Gobierno -en el marco de la legalidad- busque coincidencias de criterios y trabajar en metas comunes o convergentes con la autoridad monetaria, pero resulta inverosímil que deba recurrir a las presiones y hasta las denuncias de descrédito para imponer una determinada decisión que implique la salida obligada del directorio de la entidad.
La opinión pública y buena parte de la sociedad, junto a los principales actores sociales y políticos, ha reaccionado con justificada inquietud y alarma -a la luz de esta última decisión y frente a los antecedentes inmediatos registrados para introducir los cambios de autoridades- frente a esta otra operación orquestada para imponer una nueva administración en el Banco Central. Pero no sólo las maneras y el calibre de estas iniciativas han quedado en entredicho en esta coyuntura; podría asumirse que este trance en el que está envuelto el BRCA es otra fase del mismo cuadro de situación complicado y complejo que vive la Argentina, producto en gran medida de graves desajustes, errores y distorsiones de la política económica implementada por el Gobierno.
Con todo, es de esperarse también, que este cambio de autoridades en el Central pueda servir para recrear un debate de ideas y proyectos, respecto del verdadero valor de las instituciones y lo que significan verdaderamente para la República y la civilidad, y del compromiso y responsabilidad de los gobernantes para ceñir sus decisiones y actos a la Constitución y las leyes.
Organismo que supo tener importante márgenes de autonomía institucional -como funciona en los principales países del mundo en razón de que expresa y decide políticas estratégicas, abarcadoras, profesionales y fundamentales- el BCRA ha ido progresivamente destiñendo el rol por el que fue fundado por el tucumano Raúl Prebisch en 1935: ser la institución rectora del sistema financiero del país y encargado y defensor de la política monetaria.
Más aún: en estos últimos años, los cambios de autoridad en el BCRA han ocurrido en medio de escándalos políticos o de denuncias sin precedentes, como fueron los casos de Juan Carlos Fábrega -prácticamente denostado en público por la Presidenta-, de Martín Redrado -destituido de su cargo por la mandataria el 7 de enero de 2010 porque se negó a permitir el uso de las reservas para pagar deuda; y repuesto por la Justicia, aunque luego renunció-, o la de su sustituta, Mercedes Marcó del Pont, que a su vez dejó el puesto al quedar en evidencia la ineficiencia de su gestión para contener la fuga de capitales. Y, además en estos casos, ninguno de los responsables pudo finalizar el mandato para el que habían sido designados.
Llama entonces la atención las actitudes de virtual atropello y falta de respeto con las que el Poder Ejecutivo viene manejándose con una institución de la envergadura y lugar central en la vida y la historia económica del país como es el Banco Central y sus autoridades. Podría entenderse que por necesidades de política económica y financiera, y hasta de gestión pública el Gobierno -en el marco de la legalidad- busque coincidencias de criterios y trabajar en metas comunes o convergentes con la autoridad monetaria, pero resulta inverosímil que deba recurrir a las presiones y hasta las denuncias de descrédito para imponer una determinada decisión que implique la salida obligada del directorio de la entidad.
La opinión pública y buena parte de la sociedad, junto a los principales actores sociales y políticos, ha reaccionado con justificada inquietud y alarma -a la luz de esta última decisión y frente a los antecedentes inmediatos registrados para introducir los cambios de autoridades- frente a esta otra operación orquestada para imponer una nueva administración en el Banco Central. Pero no sólo las maneras y el calibre de estas iniciativas han quedado en entredicho en esta coyuntura; podría asumirse que este trance en el que está envuelto el BRCA es otra fase del mismo cuadro de situación complicado y complejo que vive la Argentina, producto en gran medida de graves desajustes, errores y distorsiones de la política económica implementada por el Gobierno.
Con todo, es de esperarse también, que este cambio de autoridades en el Central pueda servir para recrear un debate de ideas y proyectos, respecto del verdadero valor de las instituciones y lo que significan verdaderamente para la República y la civilidad, y del compromiso y responsabilidad de los gobernantes para ceñir sus decisiones y actos a la Constitución y las leyes.
Lo más popular
