La Justicia investiga la campaña de Rousseff

La Justicia investiga la campaña de Rousseff

El Ministerio Público presentó una denuncia sobre irregularidades en el envío de volantes por correo; un aliado del Gobierno, en dificultades La fiscalía también acusó al titular del Congreso de un enriquecimiento ilícito. La presidenta dice que hubo un error de su comité

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21 Septiembre 2014
BRASILIA.- Dos nuevas denuncias de corrupción ensombrecen el debate de la campaña electoral brasileña. El Ministerio Público (Fiscalía) solicitó que se investigue al comité de campaña electoral de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien disputa la reelección, para determinar si hubo irregularidades en el envío de volantes propagandísticos a través del correo nacional. El Ministerio Público también denunció ante la Justicia al presidente del Congreso, Renan Calheiros: lo acusa de enriquecimiento ilícito y de permitir que una constructora pagara sus gastos personales.

Según el diario “O Estado de Sao Paulo”, la denuncia contra uno de los principales aliados del gobierno de Rousseff se basa en investigaciones iniciadas hace siete años, después de que una ex amante de Calheiros, la periodista Mónica Veloso, revelara a la prensa que el político recibía ilegalmente dinero de un lobbista vinculado a la constructora Mendes Junior.

En ese entonces, Calheiros rechazó las acusaciones, y presentó documentos que -según aseguró- comprobaban que sus gastos habían sido financiados mediante la venta de ganado. No obstante, “O Estado de Sao Paulo” asegura que, después de largas investigaciones, el Ministerio Público concluyó que los documentos sobre venta de ganados eran falsos y que el dinero supuestamente recaudado en el negocio no sería suficiente para explicar el aumento del patrimonio personal del senador.

En cuanto a la denuncia contra la compaña de la actual mandataria, la solicitud fue remitida al Tribunal de Cuentas de la Unión a raíz de una información divulgada también por “O Estado de Sao Paulo”, que indica que dichos panfletos fueron enviados sin el correspondiente comprobante o sello oficial de envío.

Dicho comprobante permite saber si el material de campaña fue pagado y enviado en forma regular y en las cantidades indicadas. Sin esa referencia, no se puede verificar si el partido político que realizó la remesa pagó efectivamente por todo el material distribuido.

Según el fiscal Júlio Marcelo de Oliveira, autor de la solicitud, de ser comprobado que el organismo público omitió emitir el comprobante, se estará ante una situación de “afrenta al proceso democrático”, que impondrá “severas penas” a los responsables y exigirá una inmediata restitución de los valores que eventualmente no hayan sido pagados. “La mala utilización de empresas públicas por parte de agentes del Estado para finalidades político partidarias es un hecho que atenta contra ‘la cosa’ pública”, expresó el fiscal, citado por “O Estado de Sao Pablo”.

El Tribunal de Cuentas analizará la solicitud para determinar si cabe o no dar inicio a un proceso de inspección en la oficina de correos y en la campaña de Rousseff.

“O Estado de San Pablo” reportó ayer que el organismo público “abrió una excepción” para la campaña de Rousseff, al enviar sin comprobante oficial 4,8 millones de volantes para varias ciudades del estado de Sao Paulo.

La empresa estatal admitió que autorizó la remesa en carácter “excepcional” debido a un error gráfico que hizo que el sello comprobante no quedara impreso.

Por su parte, Rousseff sostuvo que su Partido de los Trabajadores (PT) pagó por lo que fue enviado y tildó el caso como un “factoide de campaña electoral”.

Asimismo, la presidenta, quien marcha favorita para la primera vuelta de las elecciones generales del próximo 5 de octubre, aseguró que en caso de que haya habido algún “error” su comité de campaña “rendirá cuentas”.

Según el líder del opositor Partido Republicano, Rubens Bueno, “la entrega de panfletos de la candidata Dilma por parte de los correos sin comprobante o sello oficial de envío demuestra una ilegal utilización de los bienes y servicios públicos prestados por la empresa estatal, además de ofender el principio de legalidad inscrito en la Constitución Federal”. (DPA)

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