07 Marzo 2014
EN BARRIOS. La Digedrop y la Federal realizan operativos antidrogas locales. digedrop / foto de archivo
La investigación penal en casos de drogas podría entrar la próxima semana en una fase de profundos cambios. El Poder Ejecutivo (PE) elevó a la Legislatura un proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, que permite el pase de competencia para causas por narcotráfico al menudeo del fuero federal, donde recaen hoy todos estos expedientes, al fuero provincial.
El texto oficial, que lleva las firmas del gobernador, José Alperovich, y del ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, especifica que el nuevo sistema comenzará a regir en marzo de 2015, y que se conformará una comisión integrada por un representante de cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para trabajar en la aplicación de la normativa.
Desde que se anunció la intención de la Casa de Gobierno de acatar este sistema, impulsado por el kirchnerismo, magistrados y organizaciones judiciales se expresaron en contra de su puesta en marcha. Por ello, un párrafo del proyecto recibido en la Cámara expresa que, según la ley nacional, “las provincias que adhieran y requieran contarán con créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia”. Hace pocos días, Alperovich resaltó que será necesario invertir $ 200 millones para concretar el plan.
El miércoles a las 19.50 ingresó el proyecto a mesa de entradas de la Legislatura. Está previsto que sea tratado el jueves en el recinto. Esto será definido por los jefes de los bloques políticos y las autoridades del cuerpo colegiado, en reunión de Labor Parlamentaria.
El texto señala que a través de la adhesión a la Ley Nacional N° 26.052 se puede concretar “la recuperación de las competencias locales”, en lo que se denominan políticas de desfederalización. “La aplicación de esta ley agilizará el trámite judicial y dará la debida trascendencia social a la venta ‘al menudeo’ de estupefacientes, permitiendo a las fuerzas de seguridad provinciales actuar en forma inmediata. Los vecinos podrán recurrir a la Policía y/o Fiscalía de su localidad, donde tienen fácil acceso; y recepcionada la denuncia, el fiscal podrá promover en forma inmediata acciones legales que le competen (requisas domiciliarias, secuestros, detenciones) al juez con competencia”, señaló el Gobierno provincial en el escrito. Agregó que esta modalidad “ya ha sido” aplicada “en Córdoba, Salta y Buenos Aires”, entre otras provincias. “La actuación de la Justicia provincial generará también una acción de persuasión en quienes actúan en la comisión de estos delitos, a partir del hecho de ver la inmediata respuesta”, añade. Por último, señala que la implementación del cambio de competencia “implica un mayor desafío para la administración de Justicia”. “La ley no resultará automáticamente operativa, disponiéndose un plazo prudencial a los efectos de acompañar esta iniciativa con todas las modificaciones necesarias en el ámbito judicial, ejecutivo y legislativo”, expresó el PE.
En el articulado, se contempla que las multas y bienes decomisados en estos casos “serán destinados a la prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes”.
Tensión interna
La iniciativa generó revuelo en la Legislatura provinciaal. Por un lado, los neomassistas Gerónimo Vargas Aignasse, José Orellana y José Teri no participarían en el tratamiento preliminar de los proyectos. En la nueva organización de las comisiones de trabajo, la bancada oficialista “Tucumán Crece”, que conducen Roque Álvarez y José Gutiérrez, “borraron” de todos los grupos parlamentarios a los peronistas disidentes, que anticiparon para hoy el anuncio de su bancada “Frente Renovador”, con la visita del dirigente bonaerense Sergio Massa.
Vargas Aignasse y Teri fueron removidos de Seguridad y Justicia (el primero presidía ese estratético grupo de trabajo); en tanto que “El Mellizo” Orellana estaba a cargo del comité de Salud Pública.
Así, de concretarse el rediseño legislativo, podrían quedarse fuera del tratamiento previo del proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes. La intención de los massistas es permanecer en esos lugares. De hecho, Vargas Aignasse ya convocó a una reunión de Seguridad y Justicia para el lunes a las 11, donde busca tratar un proyecto presentado junto a Teri y Orellana para rechazar -en consonancia con el tigrense- el borrador kirchnerista que prevé modificaciones al Código Penal Argentino. “Flexibiliza excesivamente algunos tipos penales”, afirmaron.
El texto oficial, que lleva las firmas del gobernador, José Alperovich, y del ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, especifica que el nuevo sistema comenzará a regir en marzo de 2015, y que se conformará una comisión integrada por un representante de cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para trabajar en la aplicación de la normativa.
Desde que se anunció la intención de la Casa de Gobierno de acatar este sistema, impulsado por el kirchnerismo, magistrados y organizaciones judiciales se expresaron en contra de su puesta en marcha. Por ello, un párrafo del proyecto recibido en la Cámara expresa que, según la ley nacional, “las provincias que adhieran y requieran contarán con créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia”. Hace pocos días, Alperovich resaltó que será necesario invertir $ 200 millones para concretar el plan.
El miércoles a las 19.50 ingresó el proyecto a mesa de entradas de la Legislatura. Está previsto que sea tratado el jueves en el recinto. Esto será definido por los jefes de los bloques políticos y las autoridades del cuerpo colegiado, en reunión de Labor Parlamentaria.
El texto señala que a través de la adhesión a la Ley Nacional N° 26.052 se puede concretar “la recuperación de las competencias locales”, en lo que se denominan políticas de desfederalización. “La aplicación de esta ley agilizará el trámite judicial y dará la debida trascendencia social a la venta ‘al menudeo’ de estupefacientes, permitiendo a las fuerzas de seguridad provinciales actuar en forma inmediata. Los vecinos podrán recurrir a la Policía y/o Fiscalía de su localidad, donde tienen fácil acceso; y recepcionada la denuncia, el fiscal podrá promover en forma inmediata acciones legales que le competen (requisas domiciliarias, secuestros, detenciones) al juez con competencia”, señaló el Gobierno provincial en el escrito. Agregó que esta modalidad “ya ha sido” aplicada “en Córdoba, Salta y Buenos Aires”, entre otras provincias. “La actuación de la Justicia provincial generará también una acción de persuasión en quienes actúan en la comisión de estos delitos, a partir del hecho de ver la inmediata respuesta”, añade. Por último, señala que la implementación del cambio de competencia “implica un mayor desafío para la administración de Justicia”. “La ley no resultará automáticamente operativa, disponiéndose un plazo prudencial a los efectos de acompañar esta iniciativa con todas las modificaciones necesarias en el ámbito judicial, ejecutivo y legislativo”, expresó el PE.
En el articulado, se contempla que las multas y bienes decomisados en estos casos “serán destinados a la prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes”.
Tensión interna
La iniciativa generó revuelo en la Legislatura provinciaal. Por un lado, los neomassistas Gerónimo Vargas Aignasse, José Orellana y José Teri no participarían en el tratamiento preliminar de los proyectos. En la nueva organización de las comisiones de trabajo, la bancada oficialista “Tucumán Crece”, que conducen Roque Álvarez y José Gutiérrez, “borraron” de todos los grupos parlamentarios a los peronistas disidentes, que anticiparon para hoy el anuncio de su bancada “Frente Renovador”, con la visita del dirigente bonaerense Sergio Massa.
Vargas Aignasse y Teri fueron removidos de Seguridad y Justicia (el primero presidía ese estratético grupo de trabajo); en tanto que “El Mellizo” Orellana estaba a cargo del comité de Salud Pública.
Así, de concretarse el rediseño legislativo, podrían quedarse fuera del tratamiento previo del proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes. La intención de los massistas es permanecer en esos lugares. De hecho, Vargas Aignasse ya convocó a una reunión de Seguridad y Justicia para el lunes a las 11, donde busca tratar un proyecto presentado junto a Teri y Orellana para rechazar -en consonancia con el tigrense- el borrador kirchnerista que prevé modificaciones al Código Penal Argentino. “Flexibiliza excesivamente algunos tipos penales”, afirmaron.
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