“Podemos hacer 50 centros de día, pero si no atacan al que vende droga, el problema sigue”

En el antedespacho de la Gobernación, varios de los conceptos que pronunció el sacerdote Juan Carlos Molina fueron los mismos con los que el gobernador, José Alperovich, anunció hace 20 días el -por ahora paralizado- proyecto para que la Justicia y la Policía provinciales puedan intervenir en causas por venta minorista de drogas, mediante la adhesión a Ley Nacional de Estupefacientes. No fue una coincidencia, como tampoco fue casual la visita de Molina, flamante titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), quien reconoció que aquella medida fue requerida por el PEN. El Gobierno nacional, precisamente, envió ayer a tres funcionarios para respaldar a Alperovich cuando el Poder Judicial local había puesto un freno a la iniciativa.

“Lo antes posible”

La excusa para el desembarco de los funcionarios nacionales fue la entrega de 10 camionetas para el Grupo CERO y el 911. El acto se desarrolló en el patio de la Jefatura de Policía. Alperovich llegó temprano junto con el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y recorrió las instalaciones. Luego, arribaron la ministra de Seguridad nacional, María Cecilia Rodríguez, y Molina. En el lugar, el mandatario aseguró que por estas horas negocian con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) el plazo de adecuación para la eventual nueva competencia (inicialmente habían acordado que sería de seis meses y luego, se había extendido a un año).

“La Justicia dirá el tiempo óptimo. (Tendría que ser) lo antes posible, porque el flagelo de la droga no está esperando. Cuanto antes (se aplique), mejor será”, apuró Alperovich. Subrayó inmediatamente después la necesidad de trabajar en conjunto con el Poder Judicial. “No quiero hacer demagogia, mandar una ley y crear una expectativa en la gente. Creo que nosotros nos tenemos que involucrar en esto porque es un tema grave. No nos podemos hacer los distraídos y creo que la Justicia tampoco”, desafió con gesto adusto. Reiteró que se tratarán de atender los pedidos de logística y capacitación del presidente de la CSJT, Antonio Gandur, y de los fiscales penales.

“Todo lo que sea trabajar en prevención y concientización es importante. No es casual la visita de la ministra acompañada por quien conduce la prevención a nivel nacional. Es una política de Estado y todo lo que lleve a articular y a sumar esfuerzo con los gobiernos provinciales es bienvenido”, avaló Manzur a su turno.

En la Casa de Gobierno, Rodríguez y Molina brindaron una conferencia de prensa.

“Tenemos que profundizar las investigaciones y trabajar sobre el delito del narcotráfico y la venta. Creo que con el apoyo indispensable y necesario de la Justicia provincial”, instó la ministra.

Pedido nacional

Molina fue contundente. Mencionó que pretende darle un giro al área que dirige y trabajar, fundamentalmente, en el “territorio” y con “transversalidad”. En ese contexto, afirmó que la Sedronar coordina en el país la adhesión de las provincias a la Ley Nacional de Estupefacientes (N° 23.737). “Las adicciones son un problema de todos. Las justicias provinciales tienen que hacerse cargo de esto. Todos saben quién vende, donde está y parece que el único culpable es el del Sedronar que no hace nada. Tenemos que involucrarnos todos”, reprochó con palabras similares a las usadas por Alperovich días atrás. Reconoció que pidieron a todas las provincias que se sumen a la norma y recordó que en tres distritos ya está vigente: Buenos Aires, Córdoba y La Rioja.

“Podemos hacer 50 centros de día por barrio, pero si no atacan al que vende, a la problemática la seguimos teniendo. Está bien atacar lo grande, pero hay que meternos en lo cotidiano. Tenemos que empezar a trabajar en serio. No podemos seguir dilatando, por eso estas mesas de trabajo. Lo estamos trabajando, no imponemos, proponemos y cada gobierno decide”, agregó.

La de ayer fue la segunda visita de Molina a la provincia (la primera había sido en diciembre). Afirmó que sus equipos técnicos trabajan junto a los ministerios locales de Desarrollo Social (Beatriz Mirkin) y de Seguridad (Jorge Gassenbauer) para la apertura de centros de día y la puesta en marcha de campañas de prevención. De esas dos áreas pasaría a depender la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, oficina acéfala desde la reciente renuncia de Alfredo Miroli. Alperovich había expresado, tras el alejamiento del médico, que se analizaba una reestructuración en esa dependencia.

El 30 de enero, el Gobierno había lanzado el plan “Noche Segura”, para la lucha contra las adicciones y la disminución de accidentes de tránsito. El paquete de medidas incluía las nuevas competencias para los Tribunales locales. El alperovichismo había trazado un borrador de la norma y se preparaba para aprobarlo en una sesión legislativa. Las quejas de la Justicia no tardaron en llegar y obligaron a la Casa de Gobierno a aplazar sus planes.