El cuestionado fiscal Albaca ya no tiene trabas para jubilarse

A menos de un mes de haber presentado la renuncia, tras una seguidilla de denuncias en su contra, el gobernador José Alperovich aceptó ayer el pedido de dimisión presentado -el 27 de diciembre- por el fiscal penal de Instrucción de la IIº Nominación, Carlos Albaca.

A diferencia de lo que ocurrió con el juez Alberto Piedrabuena, miembro del tribunal que en 2012 absolvió a los 13 imputados por la desaparición de María de los Ángeles Verón, en este caso Alperovich sí se allanó a los preceptos del artículo 15 de la Ley 8.199, que establece que con la mera renuncia del funcionario denunciado se anula el proceso de destitución en su contra, que se tramita a través del Jury de Enjuiciamiento.

En el caso de Piedrabuena, Alperovich se había negado a aceptarle su dimisión. Pero el 11 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) desestimó el recurso extraordinario que había interpuesto PE para evitar que el magistrado renunciara al cargo y, de esta manera, poder frenar el proceso de destitución en su contra

Al emitir su dictamen, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, hizo mención, justamente, del artículo 15 de la Ley 8.199 y fundamentó: “más allá de la interpretación literal que emana de la letra de la ley, se concilia de manera adecuada con la finalidad del sistema, de que ante la presentación de la renuncia se produzca la clausura de las actuaciones, pues el objetivo sanador del proceso se cumple con ello (...) Resulta ajustado a la finalidad y al contenido del proceso de remoción otorgar a la renuncia del acusado el efecto perentorio que prevé el artículo 15, de la ley 8.199”.

El martes, el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, le había informado a Posse Ponessa que en la Cámara provincial obraban dos pedidos de formación de jurado de enjuiciamiento propiciado por el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO), por un lado; y de los parlamentarios radicales Federico Romano Norri, Roberto Sánchez y Ariel García.

Llamativamente, el lunes, Alperovich había manifestado ante los medios de prensa que la dimisión de Albaca ya le había sido aceptada. Este acto administrativo, no obstante, se produjo recién ayer. Hace dos semanas -el 9 de enero- precisamente- había ingresado un pedido de informes a la comisión de Juicio Político de la Legislatura, con el objetivo de recabar datos sobre la situación de Albaca. La respuesta fue emitida el martes por Amado.

Duro informe

Agobiado por la seguidilla de pedidos de destitución, Albaca presentó el 27 de diciembre su renuncia con fines jubilatorios.

El Poder Judicial le había soltado la mano el 13 de diciembre pasado: ese día, Marta Jerez de Rivadeneira, fiscal de Cámara e instructora del sumario administrativo que ordenó la Corte Suprema de Tucumán, firmó el informe que condenó sin atenuantes la labor del fiscal durante los siete años que este tuvo en su poder la causa “Lebbos”.

Albaca había perdido el control del expediente hacía un semestre, luego del estudio sobre la pesquisa que elaboró el letrado Bernardo Lobo Bugeau por encargo de un programa de lucha contra la impunidad de la Nación. Hasta entonces, la causa tramitaba en la oscuridad, según Alberto Lebbos: ni el padre de la víctima, y querellante, accedía a ella. Pero el 5 de junio del año pasado, Luis de Mitri, titular del Ministerio Público, dispuso el cese de la intervención de Albaca en el expediente “Lebbos”. Albaca era el fiscal con mayor antigüedad en el fuero penal de la capital. Fue designado durante el Gobierno de Ramón Ortega (1991-1995). Sobre el funcionario judicial, además, pesaban los dos pedidos de remoción formulados por el PRO y la UCR en la Legislatura.