Los fantasmas de las navidades visten de policías

21 Dic 2013 Por Álvaro José Aurane
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Tres invitados

Los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras que concurren al alperovichismo no son como los del tradicional cuento de Charles Dickens: los espantos del Gobierno tucumano están vestidos de policías. Y no es para menos.

El reduccionismo

El crónico fracaso de las políticas de seguridad del oficialismo ha significado incontables tragedias. Pero el oficialismo siempre redujo el drama a un déficit. A una materia pendiente. Sin embargo, es infinitamente más grave. Significa decenas de tucumanos muertos: robados de todo lo que eran. Y de todo lo que podían llegar a ser. Eso fue sólo el comienzo...

Desperdiciada oportunidad

La gestión de José Alperovich es la única que ha durado una década ininterrumpida. Y es, también, la más pródiga en recursos: $ 23.000 millones sólo para 2014. De los 10 años anteriores, la suma de Presupuestos totaliza $ 80.000 millones. Nadie en la historia tuvo tanto tiempo y dinero para cambiar la Policía de raíz. Para convertirla en una institución moderna y transparente, al servicio de la comunidad, de la democracia y de la república. Lejos de ello, la fuerza siguió su camino de perversión institucional.

¿Pacto para la paz social?

Hoy, la Justicia sentencia que esa Policía actuó para que no se esclareciera la desgracia de Marita Verón. Ni el horror de Paulina Lebbos. Hasta el poder político responsabiliza a la Policía por los saqueos del 9 y el 10 de diciembre. Cuando los 30 años de democracia encontraron a Tucumán con bandas motorizadas asolando la propiedad privada, vecinos armados y parapetados en veredas y techos, y gendarmes en las calles. El alperovichismo presenció, impávido, la consagración de la Policía como auxiliar de la impunidad antes que de la Justicia. Pero el Gobierno no entiende. Cree que la normalidad se compra. Y al acuerdo para quedarse con la coparticipación de los municipios a cambio de pagar sus sueldos lo llama Pacto para la Paz Social.

Peón cuatro Rey

El Yo Te Avisé del 12 de enero (El ajedrez del poder en el caso Marita Verón) anticipaba que el fallo de la Corte tucumana iba a ser, además de un pronunciamiento judicial, una sentencia dialogada con el poder político. Por entonces, a un mes del fallo absolutorio en la Causa Verón, el alperovichismo era una tembladera. Y estudió una estrategia, narrada en esa columna: no declarar nulo el juicio; revocar parcialmente el fallo absolutorio; condenar a los imputados riojanos; y dictar sentencia antes de que se pronunciara el Jury contra los camaristas Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano.

Al rescate

Ese plan era un salvavidas amplio. Consideraban que aplacaría la indignación de Susana Trimarco, la mamá de Marita, una mujer prestigiada en el país y en el mundo por su lucha contra la trata de personas, y de probada influencia sobre la presidenta, Cristina Fernández. Por ende, aliviaría al arrinconado gobernador: había llegado a decir que haría todo cuanto le pidiera Trimarco.

Los brujos del agua

La revocatoria del fallo absolutorio, se advertía hace 11 meses, también calmaría la tormenta judicial, de doble frente. Uno era el de los fiscales: una semana antes del fallo en el Caso Verón, habían absuelto a los padres de Jorgito Guerra, el niño de 12 años al cual, en noviembre de 2004, hallaron muerto dentro de un tacho de solventes, en el fondo de su casa. La fiscalía había pedido prisión perpetua... Entonces, un fallo condenatorio en la causa Verón conjuraría el temor de la magistratura de que los fiscales estuviesen pidiendo condenas para la tribuna. Y calmaría el otro frente: el de los jueces, que veían cómo tres camaristas respetados eran sometidos a un proceso de destitución por un fallo impopular, pero ajustado a derecho. Si declaraban culpables a los riojanos -barajaron los ajedrecistas-, el caso Verón tendría condenados y el Jury estaría liquidado.

Imperecedero dislate

Someter a un proceso de destitución a los jueces del caso Verón es una vergüenza inolvidable de la institucionalidad alperovichista. El contenido de la sentencia no puede ser causal de destitucion de quien la dicta. Para revisar lo actuado está la vía recursiva, que en este caso funcionó, revocando parcialmente el fallo. O sea: el oficialismo activó aquí el proceso de remoción porque los jueces no habían condenado. Ahora que hay condena, y que dos de los tres camaristas se jubilaron, la convocatoria del jury (la real) ha desaparecido.

Encierro y clausura

La sentencia condenatoria de la Corte contra los 10 riojanos imputados (Irma Medina murió este año) da por terminada la cuestión en los tribunales provinciales. Contra las condenas de los jueces supremos no hay recurso ordinario: no hay revisión (salvo instancias supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Así lo fija el voto de Antonio Gandur, al que adhiere Antonio Estofán. También lo hace Claudia Sbdar, pero ella advierte la encerrona. Por eso propuso que los condenados tengan un recurso contra esa sentencia, a ser revisado por otra sala de la Corte. Pero el planteo no fue tenido en cuenta. Todo quedó convenientemente clausurado.

Lo nuevo, lo mismo

Los jueces de la Corte subsanan las contradicciones de las testigos del Caso Verón al advertir que, en tanto víctimas de la trata, eran mujeres traumatizadas de las que no podía exigirse claridad y concordancia plena sobre hechos, lugares, vestimentas, personajes... Consecuentemente, hay una valoración diametralmente opuesta de las pruebas con respecto a la que se hizo en la sentencia absolutoria: la perspectiva desde la que se enfoca el caso ya no es la privación ilegítima de la libertad, sino la trata de personas. El que quiera asumir que, en consecuencia, correspondía un nuevo juicio, está en todo su derecho. Los magistrados supremos, en cambio, alegaron que una resolución veloz del caso era un derecho legítimo de las víctimas.

Meridiana cuestión

El sistema judicial argentino juzga a las personas por lo que hacen, no por lo que son. Los camaristas del caso Verón recomendaron que la Justicia riojana investigue si los imputados forman parte de una red de trata y, de ser así, que los juzgue. Pero entendieron que no había pruebas que los vincularan al secuestro de la tucumana y los absolvieron. Aplicaron el principio de inocencia, que es un sostén de la democracia. Un dogma que no admite discusión, porque si se sacuden pilares como ese, el techo de la institucionalidad cae sobre todos. Hoy, los jueces de la Corte dicen que sí hay pruebas que los vinculan a la desaparición de Marita y ahora sí corresponde que se los condene por lo que decidieron hacer, y no por lo que ellos mismos y sus circunstancias los llevaron a ser.

Coincidencia en la divergencia

Pese a que uno absuelve y el otro condena, una denuncia une los fallos divergentes: la investigación fue deplorable, según todos los jueces. Es decir, la pesquisa de la Policía es insalvable. Y así, el fantasma uniformado de las navidades pasadas da paso al de las navidades presentes. La Sala III de la Cámara Penal acaba de hallar culpables a tres policías de encubrir el crimen de Paulina Lebbos.

Siete implicados

El ex comisario Enrique García y el ex policía Manuel Yapura fueron condenados por encubrimiento agravado en el crimen de Paulina; y al ex agente Roberto Lencina lo encontraron culpable de falsificación de instrumento público. El tribunal también dispuso que la Fiscalía IV° (allí está la causa por el homicidio de Lebbos) investigue al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez, al ex subjefe Nicolás Barrera y al ex jefe de la Regional Norte, Rubén Brito, por presunto encubrimiento agravado, falso testimonio y abuso de autoridad.

Una pregunta

Si hay tres ex jefes policiales del alperovichismo y un ex funcionario del Ejecutivo implicados por la Justicia en el asesinato de Paulina, además de ex comisarios y ex agentes, ¿a quiénes se encubre desde hace siete años y 10 meses?

La lección de la grandeza

Alberto Lebbos, el incansable padre de la estudiante, madre y trabajadora desaparecida el 26 de febrero de 2006, y encontrada muerta por estrangulamiento manual el 11 de marzo siguiente, dijo que no se alegraba por la sentencia, porque García y Yapura eran padres de familia que quedaban presos. Y él, como papá de Paulina, dijo que sabe cuánto significa para su nieta vivir sin estar junto a su madre. Lebbos, cuya protesta de cada martes tuvo eco en el reproche institucional de una sentencia penal según la cual agentes del Estado encubrieron el crimen de su hija, se agiganta en la adversidad. Y en su grandeza no quiere venganza: exige justicia. Juicio y cárcel para los asesinos de una tucumana. Criminales lo suficientemente poderosos como para que haya ex policías dispuestos a ir a prisión en lugar de ellos...

La lección de la claudicación

El fantasma policial de las navidades futuras está llegando. Se preanuncia en los reclamos de los gremios estatales. El contraste que denuncia el combativo y perseguido Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud es revelador. Una médica de guardia con cuatro años de antiguedad (y siete años de estudios universitarios, y tres años de residencia en su especialidad, y tres años de postgrado) gana $ 7.623. Un Policía tucumano (tres meses de formación en la Escuela de Policía, dos días de acuartelamiento) cobra como sueldo inicial $ 8.700. Así que las paritarias serán complicadas, pero no sólo en la discusión salarial sino en la metodología. Los propios sindicalistas murmuran que el Gobierno ha enseñado que, por las malas, conseguirán de él cualquier disparate, que luego no denunciará ni desconocerá, sino que cumplirá a rajatablas. Y, como si no bastase, la Policía parece dispuesta a acuertelarse y parir el caos cada vez que crea que merece un aumento.

¿Brindis?

El Estado ha concretado lo que sus gobernantes no hacen: denuncia y condena a la Policía. O sea: el Estado ha dado la razón a las luchas de Trimarco y de Lebbos. Ojalá algún día les diga dónde está Marita y quiénes mataron a Paulina. Esos parecen dos deseos dignos de estas Fiestas sin fiesta.

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