El Gobierno previsor
El miércoles 4, un día después de la huelga policial y los saqueos en Córdoba, el gobernador, José Alperovich, dice que en Tucumán nada de eso va a ocurrir y que ha tomado previsiones. “Voy a tener una reunión con los representantes de los supermercados VEA, el Jefe de Policía y el Ministro de Seguridad porque con lo que pasó en Córdoba, están con un poco de miedo. Vamos a poner a toda la Policía a trabajar en las Fiestas de Fin de Año para proteger a los comercios”.
“La seguridad está bien”
El lunes 10, los policías de Tucumán se acuartelan en la subjefatura de Policía. El mandatario habla con la Prensa. “La seguridad está bien, el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, está tratando de dialogar con los policías para ver qué sucede”, manifiesta. Serán sus últimas declaraciones en más de 24 horas, durante las cuales los tucumanos padecieron el caos, los saqueos contra toda clase de comercios, hechos delictivos contra toda clase de propiedad privada y descontrol en las calles.
Digan que sí y después vemos...
El martes, autoridades de la Federación Económica de Tucumán visitaron la Casa de Gobierno. Fueron horas desesperantes. Los empresarios habrían llegado a pedirle al Poder Ejecutivo que conceda lo que fuese que pidiera la Policía, aunque después debieran incumplir.
Los martes en familia
A la salida del encuentro, uno de los concurrentes se manifestó sorprendido de que en la charla intervinieran la esposa, los hijos y diversos parientes políticos del gobernador. “¿Así se toman las decisiones políticas aquí?”, inquirió. Alguién le contestó con una chicana: esta gestión es, sustancialmente, el gobernador, su esposa, los hijos y los parientes. Después, se organizó una reunión de ministros. “Fue, más que nada para aparentar”, reconocen en el Palacio.
Una ayudita de los ciudadanos
El Gobierno no resolvió la huelga policial. En la mañana del martes, el Poder Ejecutivo no descartaba tener que ofrecer más de $ 9.000 por la dureza del conflicto. Pero la Policía, que se mostraba inflexible, empezó a distender su postura cuando advirtió la repulsa de los ciudadanos en contra de agentes, oficiales y comisarios. El acuerdo se cerró con un sueldo inicial de $ 8.700 para los que ingresen a la fuerza. Fue la primera autogestión de los tucumanos. Y la primera mano que le dieron al Estado.
Policías malos, vecinos buenos
Alperovich reaparece en la escena el martes a las 19, después del acuerdo con las fuerzas de seguridad. “La verdad que la provincia de Tucumán vivió una verdadera extorsión por parte de las fuerzas policiales, que en todo momento tendría que haber estado cuidando o velando por los intereses de la gente, y no pasar esta tremenda cosa que hemos vivido estas 24 horas”.
Palabras alperovichistas
Artículo 7 de la Constitución de Tucumán (texto reformado en 2006, durante la primera gestión de Alperovich): Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza armada o de una reunión sediciosa, es nula y no tendrá efecto. Toda fuerza armada de la Provincia que por medio de algunas medidas de acción directa u omisión actuare en contra de las autoridades legalmente constituidas, no acatando sus órdenes, viola el orden constitucional.
Hechos alperovichistas
El Gobierno tucumano comenzará a aplicar el aumento salarial para los policías en las remuneraciones de enero. O sea, los agentes cobrarán en febrero la suba conseguida ahora. Afrontar ese incremento representará una erogación extra para la Provincia de $ 28 millones mensuales. Los policías de Tucumán, desde antes, gozan del beneficio de la movilidad y de la porcentualidad cuando se jubilan.
Otra gauchada popular
La del martes fue una noche de muchos disparos y de pocos saqueos en comparación con la oscuridad del lunes. Pero no fue paranoia: fueron civiles resistiendo, frente a la desprotección en que los había sumido el Estado fracasado. El pueblo tucumano demostró ser capaz de concretar espontáneamente formas de organización en la urgencia. Fue la segunda autogestión de los comprovincianos. Y la segunda mano que le dieron al Estado, pero a un precio altísimo: la clase media volvió a armarse, con los peligros que ello entraña.
Menos mal que volvieron...
La misma noche del martes, miles de Tucumán protestan en la plaza. La Provincia había sido, durante 48 horas, un Estado fracasado, en los términos de Noam Chomsky: un Estado que no puede garantizar la vigencia de la ley en su territorio. Repudian que el Gobierno desapareciese en las horas más atroces que ha vivido Tucumán en años. Condenan que los policías, para conseguir un aumento salarial, los dejara a merced de la delincuencia violenta y desenfrenada. Esos mismos policías reprimen a la gente que protesta con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos.
Sólo le pido a Dios...
El 10 de diciembre, cuando se pasó del caos por la falta de policías al caos por la presencia de policías, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, bailaba en Plaza de Mayo, durante la Fiesta por los 30 años de la Democracia. León Gieco cantó Sólo le pido a Dios que la muerte no me sea indiferente. Había, cuanto menos, 10 muertos por el caos en numerosas provincias argentinas. La indignación generalizada alcanzó a los propios kirchneristas tucumanos y produjo un cisma dentro de los seguidores de la jefa de Estado.
¿Quién manda a quién?
Alperovich se refiere el miércoles a la mañana a la violencia de las fuerzas de seguridad contra los ciudadanos durante la noche anterior. Asegura que hubo infiltrados de partidos políticos y de sindicatos que son opositores a su gestión. Luego afirma: “los policías tendrían que haber aguantado, no reprimir. La gente está en todo su derecho de expresar su malestar”. ¿Quién dio la orden de reprimir, entonces, si no la dio el gobernador? Al parecer, la Policía que ahora se fija sus propios ingresos, también autodetermina cuándo es conveniente atacar a los ciudadanos.
Mucho ruido, poco cambio
Tras la huelga, el gobernador remueve a la cúpula policial. Renuncia Jorge Racedo como jefe de Policía y lo reemplaza Dante Bustamante. Fin de los cambios. El ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, y el secretario del área, Paul Hoffer, son ratificados en sus cargos, a pesar de que los masivos cuestionamientos sobre la idoneidad del funcionariado de esa cartera para desempeñar esos cargos. Los embates tienen nombre y apellido: Marcelo Rubinstein, relator de la Corte Suprema de Justicia y ex subdirector de Comercio Interior de la provincia pone en duda públicamente (mediante su cuenta en la red social Facebook) el currículum de Hoffer.
Espejito, espejito
La lectura dentro del propio alperovichismo es que, a los efectos políticos, Gassenbauer es Alperovich. Entonces, para el gobernador, remover a su hombre de confianza es asumir el fracaso como propio. Como fuere, el Gobierno ha sembrado inexperiencia en áreas clave y ha cosechado una tempestad social. Su mala praxis es inocultable.
De vuelta a la plaza
“$ 8.500 bañados en sangre”, se lee en grafitis pintados con aerosol en el microcentro de la capital. Esa idea de que el aumento salarial de la policía costó la vida de tucumanos (cinco, según la versión oficial) se replicará en redes sociales, durante el día, y en carteles y pancartas, durante la noche: en la plaza Independencia se produce una de las mayores manifestaciones ciudadanas de los últimos años. Miles y miles de Tucumán reclaman la renuncia de Alperovich. La Casa de Gobierno está a oscuras. Algunos violentos empañan la protesta: golpean a cinco periodistas de medios televisivos y radiofónicos y luego apedrean una concesionaria de autos de la familia del gobernador. Los propios manifestantes frenan esos hechos y repudian a los inadaptados, para que la situación no se agrave.
La chispa organizada
Ese lugar común según el cual en Tucumán se enciende una chispa y todo explota parece haber sido trágicamente confirmado este semana. Pero hay que separar las instancias. Es verdad que, cuando el caos se apoderó de las calles, se vivieron momentos de “todos contra todos”. Pero la chispa que detonó esa explosión estuvo organizada: el comportamiento de las bandas coordinadas para llegar, saquear, dejar el negocio expuesto a la rapiña comunitaria e ir tras la próxima víctima es indisimulable. Y, por ello mismo, alarmante. ¿Qué han hecho las fuerzas de seguridad durante todos estos años como para que haya tamaños ejércitos de delincuentes listos para atacar? Ya sea por acción (hasta el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, ha dicho que tras los saqueos estuvieron los agentes) o por omisión (por no desarticular semejante criminalidad), la situación de la Policía es tremenda. Esta semana pareció ser auxiliar de la impunidad antes que de la Justicia.
De casa en casa
La bronca se mantiene. El jueves, la protesta ciudadana fue una marcha que recorrió cuatro kilómetros bajo la lluvia para llevar el reclamo de la dimisión del mandatario desde la Casa de Gobierno hasta su residencia particular.
La oportunidad perdida
Ningún gobernador en la historia de Tucumán dispuso de tanto tiempo (10 años) y de tantos recursos ($ 80.000 millones en presupuestos públicos al próximo miércoles 31) para organizar la Policía de Tucumán. Ningún mandatario como Alperovich tuvo la oportunidad de gestar una fuerza de seguridad profesional, afín a la democracia, respetuosa de la constitución y los derechos humanos, transparente y moderna en su cultura organizacional. La que dejó a los tucumanos librados a su suerte (que nunca fue mucha) es el fruto de su Gobierno. De su década ganada.
El miércoles 4, un día después de la huelga policial y los saqueos en Córdoba, el gobernador, José Alperovich, dice que en Tucumán nada de eso va a ocurrir y que ha tomado previsiones. “Voy a tener una reunión con los representantes de los supermercados VEA, el Jefe de Policía y el Ministro de Seguridad porque con lo que pasó en Córdoba, están con un poco de miedo. Vamos a poner a toda la Policía a trabajar en las Fiestas de Fin de Año para proteger a los comercios”.
“La seguridad está bien”
El lunes 10, los policías de Tucumán se acuartelan en la subjefatura de Policía. El mandatario habla con la Prensa. “La seguridad está bien, el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, está tratando de dialogar con los policías para ver qué sucede”, manifiesta. Serán sus últimas declaraciones en más de 24 horas, durante las cuales los tucumanos padecieron el caos, los saqueos contra toda clase de comercios, hechos delictivos contra toda clase de propiedad privada y descontrol en las calles.
Digan que sí y después vemos...
El martes, autoridades de la Federación Económica de Tucumán visitaron la Casa de Gobierno. Fueron horas desesperantes. Los empresarios habrían llegado a pedirle al Poder Ejecutivo que conceda lo que fuese que pidiera la Policía, aunque después debieran incumplir.
Los martes en familia
A la salida del encuentro, uno de los concurrentes se manifestó sorprendido de que en la charla intervinieran la esposa, los hijos y diversos parientes políticos del gobernador. “¿Así se toman las decisiones políticas aquí?”, inquirió. Alguién le contestó con una chicana: esta gestión es, sustancialmente, el gobernador, su esposa, los hijos y los parientes. Después, se organizó una reunión de ministros. “Fue, más que nada para aparentar”, reconocen en el Palacio.
Una ayudita de los ciudadanos
El Gobierno no resolvió la huelga policial. En la mañana del martes, el Poder Ejecutivo no descartaba tener que ofrecer más de $ 9.000 por la dureza del conflicto. Pero la Policía, que se mostraba inflexible, empezó a distender su postura cuando advirtió la repulsa de los ciudadanos en contra de agentes, oficiales y comisarios. El acuerdo se cerró con un sueldo inicial de $ 8.700 para los que ingresen a la fuerza. Fue la primera autogestión de los tucumanos. Y la primera mano que le dieron al Estado.
Policías malos, vecinos buenos
Alperovich reaparece en la escena el martes a las 19, después del acuerdo con las fuerzas de seguridad. “La verdad que la provincia de Tucumán vivió una verdadera extorsión por parte de las fuerzas policiales, que en todo momento tendría que haber estado cuidando o velando por los intereses de la gente, y no pasar esta tremenda cosa que hemos vivido estas 24 horas”.
Palabras alperovichistas
Artículo 7 de la Constitución de Tucumán (texto reformado en 2006, durante la primera gestión de Alperovich): Cualquier disposición adoptada por las autoridades en presencia o a requisición de fuerza armada o de una reunión sediciosa, es nula y no tendrá efecto. Toda fuerza armada de la Provincia que por medio de algunas medidas de acción directa u omisión actuare en contra de las autoridades legalmente constituidas, no acatando sus órdenes, viola el orden constitucional.
Hechos alperovichistas
El Gobierno tucumano comenzará a aplicar el aumento salarial para los policías en las remuneraciones de enero. O sea, los agentes cobrarán en febrero la suba conseguida ahora. Afrontar ese incremento representará una erogación extra para la Provincia de $ 28 millones mensuales. Los policías de Tucumán, desde antes, gozan del beneficio de la movilidad y de la porcentualidad cuando se jubilan.
Otra gauchada popular
La del martes fue una noche de muchos disparos y de pocos saqueos en comparación con la oscuridad del lunes. Pero no fue paranoia: fueron civiles resistiendo, frente a la desprotección en que los había sumido el Estado fracasado. El pueblo tucumano demostró ser capaz de concretar espontáneamente formas de organización en la urgencia. Fue la segunda autogestión de los comprovincianos. Y la segunda mano que le dieron al Estado, pero a un precio altísimo: la clase media volvió a armarse, con los peligros que ello entraña.
Menos mal que volvieron...
La misma noche del martes, miles de Tucumán protestan en la plaza. La Provincia había sido, durante 48 horas, un Estado fracasado, en los términos de Noam Chomsky: un Estado que no puede garantizar la vigencia de la ley en su territorio. Repudian que el Gobierno desapareciese en las horas más atroces que ha vivido Tucumán en años. Condenan que los policías, para conseguir un aumento salarial, los dejara a merced de la delincuencia violenta y desenfrenada. Esos mismos policías reprimen a la gente que protesta con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos.
Sólo le pido a Dios...
El 10 de diciembre, cuando se pasó del caos por la falta de policías al caos por la presencia de policías, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, bailaba en Plaza de Mayo, durante la Fiesta por los 30 años de la Democracia. León Gieco cantó Sólo le pido a Dios que la muerte no me sea indiferente. Había, cuanto menos, 10 muertos por el caos en numerosas provincias argentinas. La indignación generalizada alcanzó a los propios kirchneristas tucumanos y produjo un cisma dentro de los seguidores de la jefa de Estado.
¿Quién manda a quién?
Alperovich se refiere el miércoles a la mañana a la violencia de las fuerzas de seguridad contra los ciudadanos durante la noche anterior. Asegura que hubo infiltrados de partidos políticos y de sindicatos que son opositores a su gestión. Luego afirma: “los policías tendrían que haber aguantado, no reprimir. La gente está en todo su derecho de expresar su malestar”. ¿Quién dio la orden de reprimir, entonces, si no la dio el gobernador? Al parecer, la Policía que ahora se fija sus propios ingresos, también autodetermina cuándo es conveniente atacar a los ciudadanos.
Mucho ruido, poco cambio
Tras la huelga, el gobernador remueve a la cúpula policial. Renuncia Jorge Racedo como jefe de Policía y lo reemplaza Dante Bustamante. Fin de los cambios. El ministro de Seguridad Ciudadana, Jorge Gassenbauer, y el secretario del área, Paul Hoffer, son ratificados en sus cargos, a pesar de que los masivos cuestionamientos sobre la idoneidad del funcionariado de esa cartera para desempeñar esos cargos. Los embates tienen nombre y apellido: Marcelo Rubinstein, relator de la Corte Suprema de Justicia y ex subdirector de Comercio Interior de la provincia pone en duda públicamente (mediante su cuenta en la red social Facebook) el currículum de Hoffer.
Espejito, espejito
La lectura dentro del propio alperovichismo es que, a los efectos políticos, Gassenbauer es Alperovich. Entonces, para el gobernador, remover a su hombre de confianza es asumir el fracaso como propio. Como fuere, el Gobierno ha sembrado inexperiencia en áreas clave y ha cosechado una tempestad social. Su mala praxis es inocultable.
De vuelta a la plaza
“$ 8.500 bañados en sangre”, se lee en grafitis pintados con aerosol en el microcentro de la capital. Esa idea de que el aumento salarial de la policía costó la vida de tucumanos (cinco, según la versión oficial) se replicará en redes sociales, durante el día, y en carteles y pancartas, durante la noche: en la plaza Independencia se produce una de las mayores manifestaciones ciudadanas de los últimos años. Miles y miles de Tucumán reclaman la renuncia de Alperovich. La Casa de Gobierno está a oscuras. Algunos violentos empañan la protesta: golpean a cinco periodistas de medios televisivos y radiofónicos y luego apedrean una concesionaria de autos de la familia del gobernador. Los propios manifestantes frenan esos hechos y repudian a los inadaptados, para que la situación no se agrave.
La chispa organizada
Ese lugar común según el cual en Tucumán se enciende una chispa y todo explota parece haber sido trágicamente confirmado este semana. Pero hay que separar las instancias. Es verdad que, cuando el caos se apoderó de las calles, se vivieron momentos de “todos contra todos”. Pero la chispa que detonó esa explosión estuvo organizada: el comportamiento de las bandas coordinadas para llegar, saquear, dejar el negocio expuesto a la rapiña comunitaria e ir tras la próxima víctima es indisimulable. Y, por ello mismo, alarmante. ¿Qué han hecho las fuerzas de seguridad durante todos estos años como para que haya tamaños ejércitos de delincuentes listos para atacar? Ya sea por acción (hasta el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, ha dicho que tras los saqueos estuvieron los agentes) o por omisión (por no desarticular semejante criminalidad), la situación de la Policía es tremenda. Esta semana pareció ser auxiliar de la impunidad antes que de la Justicia.
De casa en casa
La bronca se mantiene. El jueves, la protesta ciudadana fue una marcha que recorrió cuatro kilómetros bajo la lluvia para llevar el reclamo de la dimisión del mandatario desde la Casa de Gobierno hasta su residencia particular.
La oportunidad perdida
Ningún gobernador en la historia de Tucumán dispuso de tanto tiempo (10 años) y de tantos recursos ($ 80.000 millones en presupuestos públicos al próximo miércoles 31) para organizar la Policía de Tucumán. Ningún mandatario como Alperovich tuvo la oportunidad de gestar una fuerza de seguridad profesional, afín a la democracia, respetuosa de la constitución y los derechos humanos, transparente y moderna en su cultura organizacional. La que dejó a los tucumanos librados a su suerte (que nunca fue mucha) es el fruto de su Gobierno. De su década ganada.
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