Después de 22 años, habrá sentencia por la detención ilegal de Walter Bulacio

El joven tenía 17 años cuando fue detenido en la entrada de un recital, en el club Obras Sanitarias. Lo golpearon en la comisaría y murió a los pocos días.

08 Nov 2013
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EN EL RECUERDO. Walter Bulacio tenía 17 años cuando la Policía lo levantó en una razzia, en la puerta de un recital de Los Redondos. FOTO ARCHIVO

BUENOS AIRES.- El Tribunal Oral en lo Criminal 29 dará a conocer hoy el veredicto en el juicio al ex comisario Miguel Angel Espósito, acusado de la detención ilegal de Walter Bulacio, arrestado en abril de 1991 en el marco de un recital de Los Redonditos de Ricota y que murió poco después de haber estado en la comisaría 35 de esta capital.

El veredicto se leerá en los tribunales de Paraguay 1536 y previamente los jueces Rodolfo Goerner, María Cristina Deluca Giacobini y Alejandro Litvack darán a Espósito la posibilidad de decir sus últimas palabras.

La abogada María del Carmen Verdú, que representa a la familia de Bulacio, pidió una pena de seis años de prisión para Espósito por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, mientras que el fiscal Horacio Fornaciari solicitó dos años de cárcel.

Por su parte, el abogado defensor Pablo Argibay Molina requirió la absolución del ex comisario y planteó una serie de nulidades.

Bulacio, que tenía 17 años, fue detenido el 19 de abril de 1991 en el estadio de Obras Sanitarias junto con otros 73 jóvenes con los que estaba esperando entrar para asistir al recital.

Ese tipo de operativos era conocido como "razzia" policial, que consistía en masivas que hacía la Policía Federal sin ningún motivo explícito.

La detención se dio en el marco del "Memorando 40", una disposición por la cual la Policía podía detener a un menor sin darle intervención a la Justicia cuando no haya cometido delitos y luego entregarlo a los padres.

Tras estar en la comisaría 35, donde habría sido víctima de castigos, Bulacio murió pocos días después en un centro de salud.

La acusación por el crimen prescribió -por eso solo se juzga su detención ilegal-, en una causa en la que intervinieron más de 27 jueces.

El caso llegó a tribunales internacionales y en 2003 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado argentino debía "proseguir y concluir la investigación" y "sancionar a los responsables".

También ordenó que el Estado "garantice" que "no se repitan hechos como los del presente caso, adoptando las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias".

Y estableció el pago a la familia de Bulacio de 124.000 dólares por "daño material", 210.000 dólares por "daño inmaterial" y 40.000 dólares por costas y gastos. (DYN)
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