05 Noviembre 2013
INVESTIGADA. La infanta Cristina podría ser imputada por la Justicia. REUTERS
PALMA DE MALLORCA/MADRID.- La Justicia española ordenó ayer el embargo de varios inmuebles de la infanta Cristina (hija del rey Juan Carlos) y de su marido, Iñaki Urdangarin, envuelto en un caso de corrupción con dineros públicos.
El juez, José Castro, dispuso el bloqueo patrimonial para cubrir la fianza de responsabilidad civil por U$S 8 millones que exigió a principios de año a Urdangarin y a su socio, Diego Torres, imputados por apropiarse de fondos del Estado a través del Instituto Nóos, una organización sin fines de lucro. El objetivo es garantizar que se devolverá al erario el dinero supuestamente malversado, en caso de ser condenados.
El bien más preciado en la lista es el palacete de Pedralbes, un lujoso inmueble de 1.000 metros cuadrados ubicado en Barcelona, actualmente en venta por más de U$S 12 millones y donde habitaron por más de una década. En agosto, el matrimonio decidió abandonarlo para radicarse en Ginebra (Suiza), donde viven con sus hijos, alejados de los problemas judiciales. Además están embargadas tres viviendas y otras cinco propiedades menores, como garajes y depósitos. A Torres se le embargaron siete inmuebles.
Los medios españoles ratificaron la posible imputación de la hija del rey por fraude fiscal, porque habría firmado un contrato ficticio de alquiler del palacete de Pedralbes a la sociedad familiar Aizoon, de la que es copropietaria y que le habría servido a su marido para desviar parte del dinero estatal.
La investigación judicial comenzó en noviembre de 2011, vinculada con aportes realizados entre 2004 y 2007 por los Gobiernos de las Islas Baleares y de Valencia.
Ex tesorero enfermo
El ex tesorero del Partido Popular (PP), Álvaro Lapuerta, se negó a declarar ayer ante la justicia por razones de salud, en la investigación por la supuesta contabilidad irregular de la fuerza gobernante.
La causa aborda la presunta financiación ilegal del PP y el pago de sobresueldos a dirigentes, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (Télam-DPA)
El juez, José Castro, dispuso el bloqueo patrimonial para cubrir la fianza de responsabilidad civil por U$S 8 millones que exigió a principios de año a Urdangarin y a su socio, Diego Torres, imputados por apropiarse de fondos del Estado a través del Instituto Nóos, una organización sin fines de lucro. El objetivo es garantizar que se devolverá al erario el dinero supuestamente malversado, en caso de ser condenados.
El bien más preciado en la lista es el palacete de Pedralbes, un lujoso inmueble de 1.000 metros cuadrados ubicado en Barcelona, actualmente en venta por más de U$S 12 millones y donde habitaron por más de una década. En agosto, el matrimonio decidió abandonarlo para radicarse en Ginebra (Suiza), donde viven con sus hijos, alejados de los problemas judiciales. Además están embargadas tres viviendas y otras cinco propiedades menores, como garajes y depósitos. A Torres se le embargaron siete inmuebles.
Los medios españoles ratificaron la posible imputación de la hija del rey por fraude fiscal, porque habría firmado un contrato ficticio de alquiler del palacete de Pedralbes a la sociedad familiar Aizoon, de la que es copropietaria y que le habría servido a su marido para desviar parte del dinero estatal.
La investigación judicial comenzó en noviembre de 2011, vinculada con aportes realizados entre 2004 y 2007 por los Gobiernos de las Islas Baleares y de Valencia.
Ex tesorero enfermo
El ex tesorero del Partido Popular (PP), Álvaro Lapuerta, se negó a declarar ayer ante la justicia por razones de salud, en la investigación por la supuesta contabilidad irregular de la fuerza gobernante.
La causa aborda la presunta financiación ilegal del PP y el pago de sobresueldos a dirigentes, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (Télam-DPA)
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