14 Mayo 2013
BUENOS AIRES.- Las versiones están, las sospechas existen, las dudas son muchas. ¿El Gobierno se atreverá a dar otro paso adelante en su lucha contra el Grupo Clarín, y pasar directamente a la acción decidiendo su intervención amparado en facultades de la Comisión Nacional de Valores (CNV)?
Por lo pronto, el subsecretario General de la Presidencia, Gustavo López, salió ayer a negar, enfáticamente, la versión. "No está prevista una intervención del Gobierno nacional en el Grupo Clarín", dijo.
"No, no, no. Por lo menos que yo sepa, no", fue la respuesta que esbozó López a "Radio 10", cuando se le preguntó en forma directa si se venía la intervención a Clarín.
Desde la semana pasada corren versiones que indican que el Gobierno podría intervenir el Grupo. En eso estaría trabajando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que además tiene incidencia directa en la actuación de la CNV a través de su titular, Alejandro Vanoli. En las ediciones centrales del fin de semana, los matutinos porteños "Clarín", "La Nación" y "Perfil" reflejaron en sus editoriales la estrategia que intentaría desplegar el kirchnerismo, a la vez que advirtieron sobre las consecuencias políticas, sociales e institucionales que podría desencadenar la potencial intervención estatal.
El editor general de "Clarín", Carlos Kirschbaum, advirtió en su columna que "el próximo paso del nuevo régimen es callar al periodismo". "Este nuevo régimen que se está erigiendo necesita de un periodismo adocenado y acrítico, un 'servicio público' gubernamental. Ahora viene lo que no lograron todavía con la ley de medios: intervenir al Grupo Clarín para silenciarlo", amplió el periodista.
"Vamos por todo", fue la frase que mejor ilustraría la denuncia del periodista Joaquín Morales Solá en la edición dominical del diario "La Nación". En la columna denominada "Ante un terrorismo simbólico de Estado", el columnista advierte sobre una eventual intervención del Poder Ejecutivo al Grupo Clarín. "El Gobierno aplicaría la nueva Ley de Reforma del Mercado de Capitales, que estableció que la Comisión de Valores, controlada por el kirchnerismo, podría designar por sí sola veedores en empresas que cotizan en Bolsa y, también, intervenir la administración de esas empresas (es decir, los directorios) por 180 días", escribió Morales Solá. "Los veedores tienen la facultad de vetar las decisiones de la mayoría en nombre de la minoría de accionistas", detalló. Luego, el columnista advirtió: "¿Para qué lo harían? ¿Acaso sólo para meter la mano en la caja de la empresa? Improbable. Las primeras decisiones de esas eventuales intervenciones serían el desplazamiento de Lanata, cuyas investigaciones desquiciaron a la Presidenta, y el control kirchnerista de las redacciones de Clarín, Canal 13, (el canal Todo Noticias) TN y Radio Mitre".
Denuncia y movilización
La diputada Elisa Carrió (CC-ARI) hizo llegar una carta al presidente de la CNV, con el fin de advertirle al organismo que se "abstenga" de resolver la intervención de algún grupo empresario de prensa, porque ello sería "violatorio" de la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pese a que Carrió no lo nombra -informó la agencia DyN-, el Estado es accionista minoritario en el Grupo Clarín.
La diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos), por su parte, advirtió que los funcionarios del Gobierno "que restrinjan la libertad de expresión" serán denunciados en base al Código Penal, y anticipó que de ocurrir una intervención en el Grupo Clarín llamará "a una movilización popular". "Esos funcionarios serán denunciados por abuso de autoridad, figura comprendida en el artículo 248 del Código Penal", aseguró Bullrich en declaraciones a DyN.
Por lo pronto, el subsecretario General de la Presidencia, Gustavo López, salió ayer a negar, enfáticamente, la versión. "No está prevista una intervención del Gobierno nacional en el Grupo Clarín", dijo.
"No, no, no. Por lo menos que yo sepa, no", fue la respuesta que esbozó López a "Radio 10", cuando se le preguntó en forma directa si se venía la intervención a Clarín.
Desde la semana pasada corren versiones que indican que el Gobierno podría intervenir el Grupo. En eso estaría trabajando el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que además tiene incidencia directa en la actuación de la CNV a través de su titular, Alejandro Vanoli. En las ediciones centrales del fin de semana, los matutinos porteños "Clarín", "La Nación" y "Perfil" reflejaron en sus editoriales la estrategia que intentaría desplegar el kirchnerismo, a la vez que advirtieron sobre las consecuencias políticas, sociales e institucionales que podría desencadenar la potencial intervención estatal.
El editor general de "Clarín", Carlos Kirschbaum, advirtió en su columna que "el próximo paso del nuevo régimen es callar al periodismo". "Este nuevo régimen que se está erigiendo necesita de un periodismo adocenado y acrítico, un 'servicio público' gubernamental. Ahora viene lo que no lograron todavía con la ley de medios: intervenir al Grupo Clarín para silenciarlo", amplió el periodista.
"Vamos por todo", fue la frase que mejor ilustraría la denuncia del periodista Joaquín Morales Solá en la edición dominical del diario "La Nación". En la columna denominada "Ante un terrorismo simbólico de Estado", el columnista advierte sobre una eventual intervención del Poder Ejecutivo al Grupo Clarín. "El Gobierno aplicaría la nueva Ley de Reforma del Mercado de Capitales, que estableció que la Comisión de Valores, controlada por el kirchnerismo, podría designar por sí sola veedores en empresas que cotizan en Bolsa y, también, intervenir la administración de esas empresas (es decir, los directorios) por 180 días", escribió Morales Solá. "Los veedores tienen la facultad de vetar las decisiones de la mayoría en nombre de la minoría de accionistas", detalló. Luego, el columnista advirtió: "¿Para qué lo harían? ¿Acaso sólo para meter la mano en la caja de la empresa? Improbable. Las primeras decisiones de esas eventuales intervenciones serían el desplazamiento de Lanata, cuyas investigaciones desquiciaron a la Presidenta, y el control kirchnerista de las redacciones de Clarín, Canal 13, (el canal Todo Noticias) TN y Radio Mitre".
Denuncia y movilización
La diputada Elisa Carrió (CC-ARI) hizo llegar una carta al presidente de la CNV, con el fin de advertirle al organismo que se "abstenga" de resolver la intervención de algún grupo empresario de prensa, porque ello sería "violatorio" de la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pese a que Carrió no lo nombra -informó la agencia DyN-, el Estado es accionista minoritario en el Grupo Clarín.
La diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos), por su parte, advirtió que los funcionarios del Gobierno "que restrinjan la libertad de expresión" serán denunciados en base al Código Penal, y anticipó que de ocurrir una intervención en el Grupo Clarín llamará "a una movilización popular". "Esos funcionarios serán denunciados por abuso de autoridad, figura comprendida en el artículo 248 del Código Penal", aseguró Bullrich en declaraciones a DyN.
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