"La violencia sexual contra la mujer fue sistemática en los 70"

"En los Centros Clandestinos de Detención (CCD) se aplicó por primera vez en Argentina la violencia sexual contra la mujer como una práctica específica del terror estatal". Ese es uno de los párrafos del fallo del juez federal N°1, Daniel Bejas, que definió el procesamiento con prisión preventiva para 16 ex policías y militares por el "Operativo Independencia". La resolución hace especial hincapié en los delitos de connotación sexual y las torturas agravadas por la condición de género. Ocurre que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (Pablo Camuña y Patricio Rovira), entre las 269 víctimas hubo siete mujeres que fueron sometidas a abusos y violaciones. Este tipo de crímenes de lesa humanidad, sin embargo, no fueron cometidos sólo contra prisioneras, sino que también hay dos hombres afectados. En todos los casos el escenario fue, precisamente, "La Escuelita" (Famaillá), el primer CCD que funcionó en el país y por donde pasaron la mayoría de los apresados entre febrero de 1975 y marzo de 1976.

El texto describe las cruentas agresiones contra la integridad sexual a la que fueron sometidos los secuestrados. La mayoría de los casos refieren a manoseos, degradaciones, insultos, vejámenes, humillaciones, desnudez forzada, exhibiciones y violaciones sistemáticas y en grupo.

Ataque a embarazadas
La investigación judicial advierte que los perjudicados fueron numerosos, pero que no todos los casos llegaron a ser judicializados, dado que por pudor o miedo, los hechos no fueron denunciados. Ejemplifica con el testimonio de W.D, un hombre que estuvo cautivo en ese establecimiento escolar y que describió que una noche escuchó cómo varios guardias interrogaban y violaban a una chica 19 años. Hasta el momento no se pudo determinar su identidad. Varios casos así figuran en el expediente e, incluso, hay relatos que dan cuenta de que embarazadas fueron atacadas sexualmente. 

"Durante la vigencia del terrorismo de estado, la violencia sexual no fue producto de desviaciones particulares, sino que fue ejercida en forma sistemática como el resto de los delitos investigados", determinó el magistrado.

También se cita jurisprudencia y dictámenes de tribunales internacionales en los que encuadran a la violencia sexual como un método para infundir el terror y para doblegar. De hecho, en "Operativo Independencia", docenas de testimonios de sobrevivientes dan cuenta de que sufrieron amenazas de que sus madres, esposas, hijas o hermanas serían violadas.

Visibilizar la violencia
El fallo también afirma que las mujeres detenidas en los Centros habrían sido víctimas de actos que "califican como una de las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer", conforme la Convención Interamericana de Belén do Pará (para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres). Los testimonios, para el juez, hacen presumir que las detenidas sufrieron ataques específicamente por su género. Remarca que, respecto a las condiciones de detención que padecieron las cautivas, las circunstancias de gestantes de algunas de ellas, así como el hecho de ser madres o encontrarse detenidas junto a sus hijos, amplió la gama de los padecimientos que sufrieron. 

"Visibilizar la violencia de género ejercida durante la dictadura y, en el caso particular, su comisión en perjuicio de quienes fueron víctimas del llamado Operativo Independencia, resulta imperativo a la luz de la obligación internacional de investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos a cargo del Estado Argentino", concluyó Bejas.

Por otro lado, los fiscales advirtieron que como consecuencia de la ocupación militar que se dio en el sureste de la provincia durante un tiempo prolongado, fueron víctimas de un doble fenómeno de agresiones sexuales. El primero, que se dio dentro de los CCD. El segundo, es más complejo de comprobar y está menos visibilizado. Se trata de las habitantes de la zona que fueron obligadas a ser "parejas" de miembros de las fuerzas de seguridad. Según varios relatos que se ofrecieron como prueba en la causa, muchas vecinas del interior fueron ultrajadas reiteradamente en descampados y en sus propias viviendas y sufrieron embarazos no consentidos. "Estas situaciones exceden al hecho puntual de violencia sexual contra mujeres determinadas, para asumir una forma de agresión a nivel colectivo, en lo que resulta un fenómeno delictivo de gran violencia que aparece aparejado casi sin excepciones a contextos de ocupación militar como la que se considera aquí", indicaron los miembros de la Fiscalía.