"Vender drogas por necesidad económica no es justificable"

Vender drogas se ha convertido en una salida laboral para muchas familias de barrios marginales. Con poco esfuerzo logran hacer dinero de manera rápida. Y una vez que ingresan a este mercado ilegal, son pocos los que logran salir y se arrepienten por el daño que causaron. En el Tribunal Oral Federal, donde se juzgan las causas por narcotráfico, se ven cada vez más familias dedicadas a este delito. Para los jueces, comercializar estupefacientes por "necesidad económica" no es una justificación.

"Hay casos en los que los acusados son muy vulnerables y esto se considera en la graduación de la pena. Pero que quede claro: no hay justificación para el que vende drogas. Siempre es una conducta desvaliosa y a la hora de la condena pesa mucho el daño que provoca o puede provocar en la comunidad", aclara el juez federal Gabriel Casas. "No hay perdón para el que dice que necesita llenar la olla con la venta de droga", añade.

Según el magistrado, hay casos en los que dentro de las familias hay consumidores. "Creo que el tema de los adictos es especial; para mí, el enfermo tiene afectada incluso su imputabilidad", señala Casas, quien, por otro lado, considera que la tenencia de una sustancia sí debe ser punible, porque el sólo hecho de tener una droga es algo riesgoso para la sociedad.

Respecto del reclamo de los vecinos para que se eleven las penas para el narcotraficante y, de esta manera, no les sea tan fácil salir de las cárceles, el juez no cree que penas más severas tengan un efecto disuasivo. "Lo que más sirve en prevención es que se juzgue y se condene a los delincuentes que venden drogas. Y especialmente desarrollar tareas de políticas sociales: generar actividades deportivas y de otro tipo que saquen a los jóvenes de la vagancia en los barrios vulnerables. Los clubes de estas zonas deberían recibir fuertes subsidios del Estado para que estén permanentemente en actividad. Además hay que generar fuentes de empleo", opinó.

"No está demostrado que las penas largas den mejores resultados en los reclusos", señaló. En la actualidad, la venta de drogas se castiga con penas que van desde los 4 a los 15 años de prisión.

El magistrado sí consideró que podría repensarse incluir controles policiales cuando se otorga prisión domiciliaria a las mujeres con niños menores de edad. Este beneficio es voluntario y no tiene seguimiento policial. En muchos casos, hubo mujeres que obtuvieron este beneficio y siguieron comercializando drogas.