01 Julio 2011
Las declaraciones de la Ministra Nilda Garré no implicarían la intervención en cuestiones internas por parte de las FFAA sino que plantean la realización de convenios interestatales de formación y capacitación. La propia ley 23.554 (de Defensa Nacional) establece las finalidades que cumplen las FFAA: "la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo...". Es la propia norma la que establece la barrera. La intervención en cuestiones internas les está vedada a las fuerzas militares.
En su momento, en la actual democracia, esta consagración legal permitió recuperar los orígenes sanmartinianos del ejército nacional, abandonado en distintas dictaduras que utilizaron las fuerzas para perseguir y exterminar nacionales y extranjeros por razones políticas-ideológicas. Se infiere de las declaraciones de Garré que las fuerzas policiales no tienen la formación profesional para la lucha contra delitos como el trafico de armas y de drogas, el contrabando, la trata de personas y el lavado de dinero que demandará un mayor activismo en educación y reforma de las fuerzas de seguridad.
El vocal de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, viene proponiendo la creación de tres o cuatro sindicatos policiales y lograr mecanismos democráticos para mejorar la inserción de esa fuerza en la comunidad. En la mirada de derechos humanos de "no hacer al otro lo que no quieres que te hagan a tí" hay que reconocer que no sólo los policías están mal preparados, sino también presionados por todos lados. Ingresan a la Policía -en muchos casos- porque no hallan trabajo, les dan un arma y los ponen en una esquina.
Es necesario avanzar en reformas que tiendan a mayores niveles de participación democrática interna (creación de cuerpos especiales, Policía judicial, de espectáculos públicos y antidisturbios) co-dirigidas por autoridades judiciales, porque son los jueces y fiscales los que a diario actúan contra el crimen organizado.
En su momento, en la actual democracia, esta consagración legal permitió recuperar los orígenes sanmartinianos del ejército nacional, abandonado en distintas dictaduras que utilizaron las fuerzas para perseguir y exterminar nacionales y extranjeros por razones políticas-ideológicas. Se infiere de las declaraciones de Garré que las fuerzas policiales no tienen la formación profesional para la lucha contra delitos como el trafico de armas y de drogas, el contrabando, la trata de personas y el lavado de dinero que demandará un mayor activismo en educación y reforma de las fuerzas de seguridad.
El vocal de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, viene proponiendo la creación de tres o cuatro sindicatos policiales y lograr mecanismos democráticos para mejorar la inserción de esa fuerza en la comunidad. En la mirada de derechos humanos de "no hacer al otro lo que no quieres que te hagan a tí" hay que reconocer que no sólo los policías están mal preparados, sino también presionados por todos lados. Ingresan a la Policía -en muchos casos- porque no hallan trabajo, les dan un arma y los ponen en una esquina.
Es necesario avanzar en reformas que tiendan a mayores niveles de participación democrática interna (creación de cuerpos especiales, Policía judicial, de espectáculos públicos y antidisturbios) co-dirigidas por autoridades judiciales, porque son los jueces y fiscales los que a diario actúan contra el crimen organizado.
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