05 Febrero 2011 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Quienes compren o vendan títulos en el mercado de capitales por una suma igual o superior a los $ 40.000, deberán presentar una declaración jurada de bienes; las compañías de seguros deberán hacer lo mismo cuando las primas de las pólizas sean mayores a ese monto.
La medida fue dispuesta a través de una resolución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y fue publicada ayer en el Boletín Oficial.
La decisión se encuadra en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que dispuso el Gobierno nacional.
La UIF determinó además que en el caso de operaciones donde los montos involucrados igualen o superen la suma de $ 200.000, deberá presentarse la documentación que respalde el monto de las transacciones y permita corroborar de manera fehaciente lo expresado en la declaración jurada. Esa documentación es la certificación sobre el origen de los fondos firmada por un contador o el balance de una compañía, o una escritura de compraventa o un recibo de sueldo.
La resolución obliga a los agentes, las sociedades, la Bolsa y las casas de cambio a presentar reportes al organismo oficial con información sobre las operaciones inusuales o sospechosas.
Esos informes deberán ser girados a la UIF dentro de los 30 días posteriores a la operación.
También el organismo dispuso que las compañías del mercado de seguros tendrán que pedir a sus clientes una declaración jurada si las primas de las pólizas son mayores a los $ 40.000, en el caso de seguros de vida, y de $ 50.000 cuando están vinculadas al patrimonio.
Al igual que en el mercado de capitales, las compañías están obligadas a reportar las operaciones en 30 días o en 48 horas, en caso de que se trate de hechos vinculados a presunto lavado de activos o de financiación de terrorismo.
Durante las últimas semanas, la Unidad de Investigaciones Financieras dictó una serie de medidas tendientes a incrementar el control sobre eventuales maniobras de lavado de dinero, pocos días de una nueva reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que ha objetado al país por las fallas en las medidas antilavado.
La Argentina, tercera economía de Latinoamérica y miembro del G-20, ajusta así sus controles para cumplir con reglas internacionales para no ingresar en la denominada lista gris del GAFI, un cuerpo intergubernamental que busca promover y desarrollar políticas locales y globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. (NA-Reuters)
La medida fue dispuesta a través de una resolución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y fue publicada ayer en el Boletín Oficial.
La decisión se encuadra en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que dispuso el Gobierno nacional.
La UIF determinó además que en el caso de operaciones donde los montos involucrados igualen o superen la suma de $ 200.000, deberá presentarse la documentación que respalde el monto de las transacciones y permita corroborar de manera fehaciente lo expresado en la declaración jurada. Esa documentación es la certificación sobre el origen de los fondos firmada por un contador o el balance de una compañía, o una escritura de compraventa o un recibo de sueldo.
La resolución obliga a los agentes, las sociedades, la Bolsa y las casas de cambio a presentar reportes al organismo oficial con información sobre las operaciones inusuales o sospechosas.
Esos informes deberán ser girados a la UIF dentro de los 30 días posteriores a la operación.
También el organismo dispuso que las compañías del mercado de seguros tendrán que pedir a sus clientes una declaración jurada si las primas de las pólizas son mayores a los $ 40.000, en el caso de seguros de vida, y de $ 50.000 cuando están vinculadas al patrimonio.
Al igual que en el mercado de capitales, las compañías están obligadas a reportar las operaciones en 30 días o en 48 horas, en caso de que se trate de hechos vinculados a presunto lavado de activos o de financiación de terrorismo.
Durante las últimas semanas, la Unidad de Investigaciones Financieras dictó una serie de medidas tendientes a incrementar el control sobre eventuales maniobras de lavado de dinero, pocos días de una nueva reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que ha objetado al país por las fallas en las medidas antilavado.
La Argentina, tercera economía de Latinoamérica y miembro del G-20, ajusta así sus controles para cumplir con reglas internacionales para no ingresar en la denominada lista gris del GAFI, un cuerpo intergubernamental que busca promover y desarrollar políticas locales y globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. (NA-Reuters)
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