Por Abrehu Carlos
15 Diciembre 2010
El principio del estado de derecho y la racionalidad padecieron gravemente en los últimos días. Las cosas empeoraron en la mañana de ayer, cuando el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, negó que fuera delito la ocupación del predio fiscal de Villa Lugano. Demoler como fuese a Mauricio Macri era el objetivo básico. Sin embargo, el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, discrepó con Fernández, debido a que tipificó como acto ilícito la toma de un frigorífico en Bernal. Dos modos diferentes de calificar el mismo hecho irregular en la misma república. La ola de invasiones a propiedades privadas amenaza con extenderse a las provincias con la instalación de un clima de agitación social. Es la psicosis colectiva de que hablaba Gutiérrez. José Alperovich, por eso, advirtió que no tolerará la repetición del ejemplo de Villa Lugano. El recuerdo del caos de diciembre de 2001 es la pesadilla de los gobernantes de hoy, pero la irresponsabilidad política alentó el desborde social. Aníbal Fernández, al anunciar por la noche, que no se admitirá la ocupación de terrenos públicos o privados para acceder a viviendas, no sólo se desdijo, sino que le dio la razón a los gobernadores y al propio Macri.
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