Por Roberto Delgado
03 Diciembre 2010
Poca reacción tuvieron los representantes de la sociedad ante lo que ocurrió con las cámaras del Gran Hermano. Los agentes de seguridad detuvieron por error a seis mujeres. Un policía, cuya identidad se desconoce, dictaminó que parecían mecheras. Y las demoraron sin avisar a la Justicia ni a un abogado ni a sus familiares. El fiscal de turno no dijo nada, tampoco el ministro fiscal de la Corte ni el secretario de Derechos Humanos. Lo peor de todo es que, después de la explicación del subjefe de Policía -dijo que no fue un error sino un procedimiento considerado habitual, normal y legal- tampoco hubo reacciones. Con lo cual los dichos del presidente de la Corte Suprema parecen la legitimación de la arbitrariedad que se le permite a la fuerza con resabios autoritarios. El duro mensaje es que, aunque protesten y pataleen las víctimas, en Tucumán a cualquiera lo pueden detener por parecer delincuente. Es decir, por portación de cara.
Lo más popular
