Rehenes

BUENOS AIRES.- La falta de una correspondencia entre la facultades de recaudar y la obligación de pagar es el talón de Aquiles de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, más allá de que ninguna de las dos partes muestra demasiado interés en solucionar esta cuestión de fondo. Si bien el problema es permanente desde hace tres cuartos de siglo -cuando se estableció el régimen de Coparticipación Federal- cada tanto surgen conflictos de trascendencia mediática que llevan a prestarle mayor atención. Es lo que ocurre por estos días con las discusiones sobre el aumento salarial para los docentes y el riesgo siempre latente de que no se inicie el ciclo lectivo en algunos distritos en la fecha correspondiente. No hace falta ser demasiado memorioso para recordar que esos problemas vienen dándose año tras año, ni poseer el don de la clarividencia para anticipar que se reiterarán en el futuro, cualesquiera sean los signos políticos de gobernantes y sindicalistas.
En la actualidad, el conflicto trae una serie de condimentos adicionales: las provincias reciben en términos relativos el nivel de coparticipación más bajo de los últimos veinte años, aun por debajo de la garantía establecida en la ley 23.548. Una situación que no las deja en las mejores condiciones para discutir en un pie de igualdad con el Gobierno nacional su apoyo o no al Fondo del Bicentenario (no hay más que recordar que el fondo sojero fue apoyado hasta por los más acérrimos enemigos de la política agropecuaria, más por necesidad que por convicciones).
Por otra parte, las discusiones salariales se desarrollan con un rebrote inflacionario como realidad subyacente, que deja a los docentes, como al resto de los trabajadores, con temores por la posibilidad de que los plazos de los acuerdos resulten demasiado largos. Temores que ponen aún más en evidencia la falsedad de los datos estadísticos oficiales: no se puede comprender que los gremios protesten después de tres años seguidos de recibir aumentos que, si los datos oficiales fueran ciertos, triplicarían la inflación...
Pero aun si no hubiera inflación, si los números del Indec fueran el reflejo cabal de la realidad, si las transferencias por coparticipación fueran las más altas de la historia y no existiesen presiones por el uso de las reservas del Banco Central, el problema subsistiría. Y de hecho, cualquiera puede anticipar que en 2011, 2012 y los años siguientes se repetirá, aun si se resuelven esas situaciones.
Es que el conflicto no es cuantitativo (por más que se trate de miles de millones de pesos) sino cualitativo. No se trata de que la Nación transfiera muchos o pocos recursos a las provincias, sino de que sean estas, en tanto responsables de pagar sueldos docentes y mantenimiento de la infraestructura escolar, las que se hagan cargo de recaudar los ingresos.
A grandes rasgos, la historia de las idas y vueltas respecto del financiamiento del pago de los salarios docentes en particular y la Educación pública en general, reconoce tres etapas:
* Desde 1884, con la sanción de la ley 1.420 de Educación Común, hasta 1935, cuando comienza a regir la Coparticipación Federal.
* Desde 1935 hasta 1979, cuando la dictadura militar inicia el proceso de transferencia de los servicios educativos a las provincias.
* Desde 1979 hasta la actualidad. El proceso de transferencia se completa en la década del '90, cuando las provincias también pasaron a hacerse cargo de la educación media. Fue -y sigue siendo- la peor de las combinaciones: los recursos están en cabeza de la Nación pero son las provincias las encargadas de pagar (pagar, además, una pauta salarial de cuya discusión no participan).
Por si fuera poco, la Nación no solamente se desprendió de un gasto millonario -que endosó a provincias que en algunos casos no llegan a solventar la décima parte de sus gastos- sino que incorporó más recursos impositivos: en ese lapso, entre otras cosas, la alícuota del IVA pasó del 13 al 21 por ciento, se crearon el impuesto a los Bienes Personales y a la Ganancia Mínima Presunta y se reinstalaron el impuesto al cheque y las retenciones. Al lado de esto, que algunas provincias hayan aumentado la alícuota de Ingresos Brutos es casi un ejercicio de supervivencia.
En el escenario se encuentran, entonces, dos personajes que no pueden exponer más desigualdades: la Nación concentra los recursos y determina la política salarial, en tanto las provincias cuentan con las escuelas y sus trabajadores, pero son en los hechos receptoras pasivas de decisiones del Gobierno nacional. No se pueden analizar los sucesivos conflictos docentes sin partir de esa realidad.