07 Febrero 2010
"Estamos pasando por un período de mucha agresividad". La afirmación corresponde al sociólogo Daniel Zalazar Romero, quien afirma que el principal problema es el desgobierno que existe en torno a este tema. "Los pactos de sociabilidad parecen haberse perdido. Esta carencia conlleva un deterioro de las instituciones, y se plantea una lucha de pobres contra pobres. Hay una marcada ausencia del Estado", comentó.
Según el especialista, el análisis parte de un concepto que considera atendible, pero que -en su opinión- se agrava con el tiempo. "Todos somos culpables de la exclusión social y, de alguna manera, la sociedad la tiene que pagar. Pero un Estado está para garantizar el derecho de los ciudadanos. Hay que partir del respeto que debe tenerse a la Constitución Nacional y siguiendo por el andamiaje del derecho positivo, que lleva a un ordenamiento social", manifestó. El sociólogo aseveró que la carencia de instituciones adecuadas produce que los ciudadanos rechacen la posibilidad de recurrir a la Justicia. "La consideran inútil para resolver sus conflictos. Todavía no caímos en algo que es desagradable, pero vamos hacia allí: la justicia por mano propia. Y eso es verdaderamente peligroso", concluyó.
Según el abogado Agustín Torres, los frecuentes episodios de tensión entre vecinos reflejan, a menudo, las limitaciones de los integrantes de la comunidad para encauzar y resolver sus diferencias a través del diálogo. "También expresan la indiferencia en algunos casos o desconocimiento en otros, por parte de los ciudadanos, de los mecanismos institucionales o legales disponibles para canalizar las situaciones de fricción", afirmó.
Torres, investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, considera que este tipo de incidentes violentos da cuenta también del curso de dos procesos. "Mientras por una parte se avanza en la promoción de una cultura de mayor apego a los medios e instrumentos legales, por otra se mantienen, o se acrecientan en algunos supuestos, las violentas respuestas o reacciones por ’mano propia’ frente a sucesos cotidianos de desacuerdo o discrepancia entre vecinos", dijo.
Según el especialista, el análisis parte de un concepto que considera atendible, pero que -en su opinión- se agrava con el tiempo. "Todos somos culpables de la exclusión social y, de alguna manera, la sociedad la tiene que pagar. Pero un Estado está para garantizar el derecho de los ciudadanos. Hay que partir del respeto que debe tenerse a la Constitución Nacional y siguiendo por el andamiaje del derecho positivo, que lleva a un ordenamiento social", manifestó. El sociólogo aseveró que la carencia de instituciones adecuadas produce que los ciudadanos rechacen la posibilidad de recurrir a la Justicia. "La consideran inútil para resolver sus conflictos. Todavía no caímos en algo que es desagradable, pero vamos hacia allí: la justicia por mano propia. Y eso es verdaderamente peligroso", concluyó.
Según el abogado Agustín Torres, los frecuentes episodios de tensión entre vecinos reflejan, a menudo, las limitaciones de los integrantes de la comunidad para encauzar y resolver sus diferencias a través del diálogo. "También expresan la indiferencia en algunos casos o desconocimiento en otros, por parte de los ciudadanos, de los mecanismos institucionales o legales disponibles para canalizar las situaciones de fricción", afirmó.
Torres, investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, considera que este tipo de incidentes violentos da cuenta también del curso de dos procesos. "Mientras por una parte se avanza en la promoción de una cultura de mayor apego a los medios e instrumentos legales, por otra se mantienen, o se acrecientan en algunos supuestos, las violentas respuestas o reacciones por ’mano propia’ frente a sucesos cotidianos de desacuerdo o discrepancia entre vecinos", dijo.
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