BUENOS AIRES.- El uso de reservas para el pago de la deuda del Estado podría desatar acciones judiciales de acreedores extranjeros y el embargo de esos fondos. "Es un tema de absoluto cuidado que afecta a todos los argentinos. Eso corresponde a los más altos intereses del país", dijo el restituido jefe del Banco Central, Martín Redrado.
El posible embargo de las reservas por parte de los llamados fondos buitres, que aún poseen bonos argentinos en default, genera preocupación en el Gobierno nacional.
Esto suma un nuevo problema al Fondo del Bicentenario, creado por la presidenta, Cristina Fernández, por decreto y que ordena el traspaso de unos U$S 6.570 millones provenientes de las reservas del Central a una cuenta del Tesoro para el pago de vencimientos de deuda a acreedores institucionales y privados. El uso de estos fondos fue bloqueado por un fallo judicial, apelado ya por el Gobierno, que, además, echó mediante otro decreto a Redrado, pero otra resolución judicial, de la misma jueza, María José Sarmiento, lo repuso en su cargo.
En medio de la polémica, el Gobierno fue advertido por el estudio Sullivan & Cromwell, que defiende al Central en Nueva York, de que el juez estadounidense Thomas Griesa concretó una reunión entre bonistas y representantes del Estado argentino. El decreto presidencial que permite el uso de reservas para el pago de deuda habilitaría el reclamo de los fondos buitre para embargar esos fondos transferidos al Tesoro. La Argentina mantiene en default unos U$S 20.000 millones desde la cesación de pagos resuelta a fines de 2001, que intentará reestructurar mediante una segunda oferta que se abrirá en los próximos días. Los fondos buitres, que tienen en su poder parte de esa deuda en default, iniciaron acciones legales, y se estima que no aceptarían esta segunda reestructuración, como tampoco se adhirieron a la realizada en 2005. (DPA)
