Desde el punto de vista institucional no podía finalizar bien algo que empezó muy mal. El gobierno de Cristina Kirchner, al anunciar la creación de este Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, apeló a un DNU que no es ni urgente ni necesario. Tampoco se explicó por qué se apelaba a esta medida apenas cinco días después de que el Congreso finalizó el período ordinario de sesiones. Bien podría haber sido tratado antes del 10 de diciembre, cuando el oficialismo aún tenía mayoría. Desde la óptica legal el DNU es un recurso constitucional. Pero como se trata del uso de reservas del Central le hubiera dado mucha más legitimidad una ley.
A este conflicto lo está aprovechando la oposición, porque el presidente del Banco Central ha quedado entre dos fuegos: el Gobierno, que le pedía que entregue las reservas, y la oposición, que le decía que no lo haga, si no hay una ley de por medio. Y él supeditó la decisión a un dictamen de la asesoría jurídica del Central, al que hasta ahora no se le conoce el contenido. Lo que pasó terminó de embarrar aún más la cancha. Néstor Kirchner aplicó la ley del garrote en este caso, y pese a que él mismo propuso a Redrado como jefe del Central.
Esto crea una situación institucional inédita, porque puede haber un conflicto de poderes, no sólo entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial, porque la Corte se declaró competente en un recurso de amparo que planteó el gobierno San Luis. La Provincia cuestionó que el Tesoro nacional haga pagos con reservas federales en lugar de hacerlos con fondos del superávit fiscal, que es lo que corresponde.
Este conflicto deja al descubierto que el objetivo del Gobierno es saldar con reservas parte de la deuda, para luego obtener recursos y financiar aumentos del gasto público, porque el Ministerio de Economía no tiene intenciones de desacelerar el ritmo de gasto.
Esto causa una mayor desconfianza económica, una desconfianza que se había empezado a atenuar, con un freno en la salida de capitales, con un dólar estabilizado. La economía argentina estaba empezando a ofrecer una perspectiva diferente. Además, que el Gobierno eche manos a las reservas federales abre la chance de que en el futuro lo siga haciendo, con procedimientos así de directos.
Otra incógnita es respecto de la sustentabilidad fiscal: en los próximos años, los servicios de la deuda irán creciendo, el gasto no parará de subir y la Argentina tiene cerradas las fuentes de financiamiento exterior. Si obtiene fondos del exterior para destinarlos al gasto público, más que resolver el problema, lo complica.
Otra duda es que en ningún momento de todo este proceso, tan tortuoso y con tantos cabos sueltos, el Gobierno renunció a la política fiscal. El ministro de Economía sólo dio a entender que van a seguir gastando. Si sigue adelante con este fondo, el Gobierno les dará tranquilidad a los acreedores externos, pero no disipará ninguna de las dudas que se plantean, inclusive hasta después de que finalice el gobierno kirchnerista. (Exclusivo para LA GACETA)
