01 Diciembre 2009 Seguir en 
"No sólo preocupa al empresariado la presión fiscal en la provincia, sino también al ciudadano común que indirectamente -a través de los precios- debe afrontar su canasta básica familiar y, en forma directa, las tarifas de los servicios públicos, tasa municipal, patente Automotor e impuesto Inmobiliario. Este último representa para el ciudadano de medio y escaso recurso la mayor imposición que pone en riesgo su patrimonio", dijeron Carlos Petersen y Edmundo Romano , de Vecinos y Usuarios Autoconvocados. "Su cobro resulta injusto dada su discrecionalidad e irracionalidad de su metodología, por cuanto los factores determinantes como la alícuota que por igual paga tanto el rico como el pobre sin diferenciación de la capacidad de pago y el valor fiscal de la propiedad, que tan poco contempla en forma alguna el grado de riqueza del contribuyente, requieren una revisión", añadieron.







