Fraude & marketing

BUENOS AIRES.- Una ola de optimismo parece estar cruzando las coordenadas mundiales. Pronósticos de salida de la crisis anticipados, proyecciones de tasas de crecimiento y una profusa difusión de análisis prometiendo la vuelta de un mundo cuasi idílico. Lo cierto es que nadie se anima todavía a revelar cuál es la situación real de muchos de los bancos que quedaron en pie luego de la debacle financiera. ¿Por qué ya no le quitan la asistencia financiera a los bancos si es que la situación está tan bien? o ¿hasta cuándo los Estados tendrán que inyectar recursos monetarios al sistema financiero para neutralizar los efectos de los activos tóxicos?, son preguntas que todavía no tienen respuesta.
Una montaña de recursos financieros son aplicados a los sistemas monetarios sin medir las consecuencias de una posterior salida. Del "leverage" al "deleverage" todo en un solo paso y con una inundación monetaria. ¿Una suerte de "tsunami inflacionario" se avecina? Pero el proceso no está completo. Aún no se sabe qué esconden los bancos. Dicho de otro modo, ¿hasta dónde llega el iceberg bajo el agua?
Por eso la salida de la crisis aún es una incógnita y el proceso de "deleveraging" encierra mucho peligro, en especial, para los países con fuerte endeudamiento y con políticas fiscales débiles como el caso argentino. Uno de los problemas más serios que enfrenta la Argentina ante este proceso es la retracción fuerte de los flujos de capitales. Cuando se desinflan o estallan las burbujas financieras, la reacción de los capitales apunta a los activos de menor riesgo, la inversión en activos de altísima calidad, lo que deja fuera del mercado a países como la Argentina que está en default, con atrasos y sin perspectivas de inversión. Frente al corte del flujo de capitales, la Argentina debe ir derecho a un ajuste de sus cuentas fiscales.
La gestión Kirchner, luego de enarbolar la bandera del fraude y querer instalarla en la sociedad como una norma de vida, se está topando con su propio fracaso. Esta conducta criminal -el fraude es, en rigor, un delito-, es reiterada, y el Gobierno la asimila como propia y la premia (por caso, el daño al patrimonio de los acreedores, de los depositantes del corralito y corralón, de los ahorros previsionales, de las empresas confiscadas o de los contratantes). Como en el caso del fútbol, donde se premia el incumpliendo contractual, con una recompensa multimillonaria, mientras se le quitan fondos a la educación, la seguridad, la salud, la defensa y a los jubilados se le dan migajas. De allí que en un intento por oxigenar lo poco que queda en pie del modelo económico, el Gobierno lanza un agresivo marketing queriendo mostrar que está dispuesto a ponerse en línea con la comunidad financiera. Presenta el canje de deuda como algo positivo cuando este tipo de operación constituye la admisión de un nuevo default, de un nuevo fraude. De la misma manera, el Gobierno busca una asistencia financiera del FMI pero sin someterse a auditorías y apela a que le otorguen líneas de crédito sólo reservadas a países con fortaleza fiscal y que estén al día con sus acreedores, algo que el país no cumple ni por asomo. Algo ilusorio porque el FMI, por su estatuto, no puede prestar a países como la Argentina. Un marketing armado con el único objetivo de perder el tiempo.
El Gobierno busca acceder a las denominadas Líneas de Crédito Flexible (FCL, en inglés), destinadas a atender necesidades de países que cuentan con sólidas políticas macroeconómicas y que sólo atraviesan una circunstancia de ahogo financiero derivada de la actual crisis de liquidez. Esta FCL   está destinada a la prevención de crisis para los países que el FMI considera bien administrados, "con fundamentos y con una histórica puesta en práctica de políticas muy sólidas". Entre otros requisitos se exige una posición externa sustentable, sólidas políticas financieras, incluyendo una posición de deuda pública sustentable e inflación baja.
Para aquellos países que no alcancen el estándar de las FCL, tendrán disponible las tradicionales líneas stand-by que obviamente están sometidas a la auditoría del FMI, algo que esta administración rehúye porque no las puede cumplir, lo que revela la debilidad de las cuentas públicas. Cómo enseñaba Sófocles: "vale más fracasar honradamente que triunfar debido a un fraude".