"La Constitución de Alperovich de 2006 no garantiza a los municipios ningún recurso propio que les asegure el desenvolvimiento de un gobierno autónomo. Establece, en cambio, que el Poder Ejecutivo puede otorgarles préstamos, sin intervención de la Legislatura". Esto advirtió Clímaco de la Peña, integrante del Grupo Alberdi.
El abogado destacó que, a diferencia de lo que sucede en otras provincias, cuyas constituciones garantizan la participación de los municipios en el producido de impuestos provinciales y nacionales, en Tucumán el Poder Ejecutivo sólo concede créditos a los municipios. "Estos son de dos clases. Unos están destinados al pago de la planilla salarial, con lo que el cobro de los sueldos del intendente y ediles depende de la voluntad del PE. Otros son destinados a obras públicas bajo la modalidad de depósitos en un fideicomiso administrado por el interventor de la Caja Popular de Ahorros. Por ende, las erogaciones y contrataciones destinadas a administrar la ejecución de las obras sólo tienen al intendente y al Consejo Deliberante como meros espectadores. De este modo, los municipios que han firmado los pactos denominados 'para la paz social' acuerdan al gobierno provincial el manejo de sus propios fondos", se quejó.
Causal de intervención
Los convencionales alperovichistas, según el letrado, violaron el artículo 123 de la Constitución Nacional, según el cual las provincias deben asegurar la autonomía de los municipalidades. "Este recaudo es tan importante que su transgresión determina que la provincia no cumple con una garantía esencial del sistema republicano de gobierno. Esto puede autorizar, como consecuencia, la intervención federal, según los artículos 5 y 6 de la Carta Magna", manifestó.
De la Peña elogió a Carlos Villaluenga por haber renunciado al cargo de concejal de Concepción, en protesta por la falta de autonomía de ese municipio. "Esto enaltece su figura como defensor de los principios de la Constitución Nacional y de la soberanía del pueblo del municipio", sentenció.
El abogado destacó que, a diferencia de lo que sucede en otras provincias, cuyas constituciones garantizan la participación de los municipios en el producido de impuestos provinciales y nacionales, en Tucumán el Poder Ejecutivo sólo concede créditos a los municipios. "Estos son de dos clases. Unos están destinados al pago de la planilla salarial, con lo que el cobro de los sueldos del intendente y ediles depende de la voluntad del PE. Otros son destinados a obras públicas bajo la modalidad de depósitos en un fideicomiso administrado por el interventor de la Caja Popular de Ahorros. Por ende, las erogaciones y contrataciones destinadas a administrar la ejecución de las obras sólo tienen al intendente y al Consejo Deliberante como meros espectadores. De este modo, los municipios que han firmado los pactos denominados 'para la paz social' acuerdan al gobierno provincial el manejo de sus propios fondos", se quejó.
Causal de intervención
Los convencionales alperovichistas, según el letrado, violaron el artículo 123 de la Constitución Nacional, según el cual las provincias deben asegurar la autonomía de los municipalidades. "Este recaudo es tan importante que su transgresión determina que la provincia no cumple con una garantía esencial del sistema republicano de gobierno. Esto puede autorizar, como consecuencia, la intervención federal, según los artículos 5 y 6 de la Carta Magna", manifestó.
De la Peña elogió a Carlos Villaluenga por haber renunciado al cargo de concejal de Concepción, en protesta por la falta de autonomía de ese municipio. "Esto enaltece su figura como defensor de los principios de la Constitución Nacional y de la soberanía del pueblo del municipio", sentenció.
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