"La protección ayuda a mitigar desigualdades"

Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia, no tiene dudas de que hay una relación directa entre la protección del ambiente y la calidad de vida de la sociedad, "lo que incide positivamente en la dignidad de las personas y coadyuva a despejar serias desigualdades materiales". Por eso, la magistrada instó a que a los poderes públicos "destinen suficientes recursos para identificar los problemas más urgentes que afectan a los ecosistemas locales, así como a diseñar proyectos para alentar la protección y la administración sustentable de aquellos".  
La exhortación tuvo lugar durante la conferencia que Sbdar pronunció en las V Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente, que concluyeron el fin de semana en Salta. En la ocasión, la tucumana se refirió a "La revisión judicial de los instrumentos de gestión y política ambiental", un tema poco abordado por los especialistas y catedráticos. Con tal fin, la vocal analizó los criterios sentados -fundamentalmente- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos como el de la contaminación de la cuenca La Matanza-Riachuelo (caratulado como "Mendoza") o el de la tala de bosques nativos en Salta (causa "Dino Salas"), entre otros.

El valor de la prevención
En primer lugar, Sbdar se refirió a dos áreas esencialmente preventivas, como lo son la evaluación de impacto ambiental (EIC) y el ordenamiento ambiental del territorio, con la necesaria participación ciudadana, para lo cual es clave la información y educación de la sociedad.
La magistrada destacó la importancia de que, por ejemplo, en la causa caratulada "Comunidad Wichi", fueran impugnados permisos de tala de bosques en Salta por falta de EIA. "Allí se dejaron sentadas las bases de la obligatoriedad de la EIA de manera previa al inicio de este tipo de permisos para deforestación. Con tal fin se consideraron aspectos ambientales y sociales que podrían alterar las condiciones de vida de las comunidades aborígenes a raíz de esta actividad", explicó.
Sbdar insistió en la misma idea: "no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones (para actividades con posible impacto ambiental) sin conocer el efecto, con el propósito de actuar una vez que estos daños se manifiesten".