Inquietud por el régimen de destitución

Eliminada la posibilidad de que los magistrados puedan ser destituidos por la causal de inhabilidad moral, son casi similares los motivos por los cuales pueden ser removidos un vocal de la Corte Suprema, un camarista, un juez, un fiscal o un defensor oficial.
La Constitución nacional fija que tanto los jueces inferiores como los ministros de la Corte Suprema de la Nación sólo pueden ser destituidos por mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. A estas dos últimas figuras, la Carta Magna tucumana añade la de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, pero, en el artículo 125, autoriza a la Legislatura a establecer otras leyes para el caso de los magistrados inferiores. Esto podría generar un polémico ensanchamiento de las causales respecto de estos últimos, lo que los dejaría en una situación desigual en relación con los vocales de la Corte.  
La Legislatura, por medio de las leyes 8.198 y 8.199 reguló el procedimiento para el enjuiciamiento tanto de los vocales del alto tribunal (sigue siendo estrictamente político, al igual que para el gobernador, vice, ministros del Ejecutivo, ministro fiscal de la Corte, miembros del Tribunal de Cuentas y defensor del Pueblo), como de los magistrados inferiores, que ahora se hará por medio de un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Al precisar qué se entiende por falta de cumplimiento de los deberes, lo que más preocupa a los magistrados es la referencia al retardo de "pronunciamientos respecto de las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen, sin que la cantidad de trabajo constituya excusa". Con reserva de identidad, argumentan que, en un marco de emergencia como el que se vive en algunos fueros de Tribunales, esto no debería ser interpretado estrictamente debido a que muchos jueces deben transitoriamente ocuparse de su despacho y de los que están vacantes.