Amaya quiere más facultades especiales

El proyecto para habilitar la disposición final de los residuos sólidos urbanos en un predio ubicado en Overa Pozo obligó a los intendentes del Gran San Miguel a acelerar las decisiones para conformar un consorcio.
En conjunto, los intendentes la capital, Banda del Río Salí, Yerba Buena, Las Talitas, Tafí Viejo, Alderetes y Lules deberán acordar qué empresa hará el traslado de los residuos desde Pacará Pintado hasta Overa Pozo (una distancia de 38 kilómetros). Sin embargo, Lules tiene conversaciones con dos ciudades que no integran el conglomerado (Ver "Famaillá..."). Además, se debe definir quién se ocupará de la disposición final de la basura y con qué sistema tratará los residuos.
Pero, al momento de tomar esas decisiones, el Gobierno provincial no estará exento, a pesar de que la responsabilidad por el manejo de la basura recae por ley en los municipios y las comunas rurales. De hecho, el secretario de Medio Ambiente, Alfredo Montalván, se reunió con algunos jefes municipales para avanzar en estas cuestiones.
Hasta ahora no hubo una resolución, pero se acordó mantener el diálogo entre los involucrados. En este sentido, el intendente de la capital, Domingo Amaya (PJ), fue el primero en enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el que solicita una serie de prerrogativas para garantizar la prestación del servicio. La iniciativa, a la que accedió LA GACETA, establece -en su artículo primero- que la intendencia podrá celebrar convenios y contratos con el Estado provincial, nacional y con otros municipios y comunas que tengan por objeto la gestión de los residuos.
El artículo segundo pide autorización al cuerpo para solicitar anticipos financieros reintegrables al Estado provincial, al Fondo Fiduciario y al Estado nacional para garantizar la continuidad del servicio.

Artículo polémico
Además, en el artículo tercero, se señala que la intendencia estará facultada a contratar en forma directa los servicios de tratamiento y disposición final de la basura en Overa Pozo. El artículo cuarto determina la autorización para integrar consorcios.
En tanto que en el artículo quinto, uno de los más polémicos de la iniciativa presentada por Amaya, establece que el municipio podrá realizar adecuaciones contractuales que resulten necesarias con la actual prestataria del servicio (la empresa Transportes 9 de Julio SA) de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.
El proyecto oficial llegó al Concejo Deliberante con la firma del intendente Amaya, de la secretaria General, María Inés Figueroa y del secretario de Obras Públicas, Fernando Insaurralde.
Con esta propuesta, el municipio intenta resguardar el vínculo contractual con la empresa Transportes 9 de Julio SA. Sin embargo, en esta pulseada también aparece Servicios y Construcciones La Banda SRL, que administra Mario Delfor Criado.