Esgrimen que sólo el CAM podría seleccionar jueces subrogantes

Si durante la celebración de los concursos para la cobertura de la treintena de cargos acéfalos en el Poder Judicial urgiera designar a un juez en forma provisoria en algún fuero, esto debería ser competencia exclusiva del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). En ese caso, este órgano tendría que optar por el postulante que encabezara el orden de mérito provisorio de la selección que estuviera en marcha para cubrir la vacante en forma definitiva. Las autoridades del Colegio de Abogados de esta capital, que encabeza Eudoro Aráoz, defendieron esta propuesta durante la reunión que el viernes mantuvieron con legisladores oficialistas.
Basándose en jurisprudencia de las cortes Suprema de Justicia de la Nación e Interamericana de Derechos Humanos, los letrados esgrimen que el mecanismo de las subrogancias es excepcional y complementario del sistema principal establecido para la selección (mediante concursos de oposición y antecedentes) de los magistrados en propiedad, que en Tucumán llevará adelante el CAM. Entonces, sostienen que el aspirante que en la prueba escrita obtuviera el mayor puntaje debería ser nombrado juez provisorio, amén de cual fuera el resultado final del concurso. Esto, según esgrimieron, debería ser admitido por única vez y extraordinariamente dada la crítica situación de algunos despachos en Tribunales, que se encuentran vacantes desde hace más de dos años.
Como consecuencia, los abogados proponen que, para asegurar la primacía de la prueba de oposición en los concursos (por encima de la calificación de los antecedentes y de la entrevista con los miembros del órgano selector), la ley que organice el CAM debe establecer que quienes no alcanzaran un puntaje mínimo en el examen (seis en una escala de uno a diez) no deberían seguir en carrera.

Hora de dar razones
Los letrados apuntaron también contra el hecho de que el oficialismo aún insista en que, como corolario de la selección, el CAM eleve al gobernador un quinteto de postulantes, para que él elija a uno por cargo; esto, pese a que, en los propios concursos que celebra el Poder Ejecutivo para cubrir puestos vacantes en el ámbito de la administración pública, el mandatario recibe una terna de la junta evaluadora que se formara, según el decreto 988/1, dictado por José Alperovich en 2004. Los abogados no sólo defienden la idea del terceto, sino el principio de que el gobernador sólo podría apartarse del orden de mérito que supusiera la terna si lo hiciera fundadamente.