Aún no se definió qué se hará con la basura en Overa Pozo

A un mes de que se cumpla el plazo de 90 días autoimpuesto por el gobernador, José Alperovich, el traslado de los residuos sólidos urbanos (RSU) a un predio de Overa Pozo está envuelto en la incertidumbre. ¿Qué tratamiento se le dará a la basura? ¿Qué se hará con la planta de Pacará Pintado, cuya actuación está en la mira judicial? ¿Dónde se hará la separación previa de los desechos (orgánicos e inorgánicos)? A la luz de la nueva ley, son los municipios los responsables, ¿utilizarán todos la misma metodología de disposición final?
Vagas respuestas encuentran las preguntas que rodean a la decisión oficial, anunciada por el mandatario durante la última semana de mayo. Si bien el Gobierno inició hace un par de meses los trabajos de acondicionamiento del sitio en el que se depositarán los residuos del Gran San Miguel de Tucumán, nada se sabe acerca de quién operará la planta en la que siete municipios deberán arrojar sus desechos. De hecho, la sanción de la Ley Nº 8.177, que devolvió la responsabilidad de la manejo integral de la problemática a cada intendente, cambió sustancialmente el escenario. Cabe recordar que, durante el segundo semestre de 2006, la Legislatura aprobó la Ley Nº 7.622, por la que se diseñó un plan integral en materia de RSU en manos de la Provincia. A partir de allí, se bosquejó un programa escalonado tendiente a eliminar los vertederos a cielo abierto y hasta se anunció un inminente llamado a licitación pública para la construcción y operación de un centro de transferencia (donde se clasificaría la basura) y de una planta de tratamiento en Overa Pozo.
De todos los anuncios, sólo queda en pie el sitio escogido para depositar los RSU. El predio de Overa Pozo cuenta con 100 hectáreas que, según coinciden especialistas y funcionarios, son aptas para el fin pretendido por sus características hidrogeológicas. Sin embargo, el interrogante mayor pasa por conocer quién tomará la posta en materia de gestión de los RSU. Con la Provincia sólo con tareas de asesoramiento, aprobación, fiscalización y monitoreo, serán los municipios de San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Yerba Buena, Las Talitas, Lules, Tafí Viejo y Alderetes los que deberán coordinar y promover las acciones a seguir. Demasiadas incertidumbres para una cuestión que no admite más pasos en falso.