Nada mejor que la insólita licencia especial concedida al vicegobernador, Juan Manzur, con el fin de que pueda desempeñarse como ministro de la Nación, para retratar una doble devaluación institucional.
En primer lugar, en el trípode estatal esto ratifica la peligrosa degradación por la que atraviesan los Poderes Legislativos -supuestos depositarios supremos de la voluntad popular- frente al avance incontenible de los Ejecutivos.
En segundo lugar, es otra manifestación de que las provincias parecen ser más bien departamentos o dependencias administrativas de la Nación.
Manzur es la metáfora de esto: la cabeza de uno de los tres poderes del Estado tucumano (el Legislativo) ahora pasa a ser un funcionario del gobierno federal. Como tal, estará obligado a refrendar y a legalizar con su firma los actos de la Presidenta.
Entonces, ¿qué pasaría si ella, durante el receso del Congreso, decretara la intervención federal al Poder Judicial de Tucumán? Esta hipótesis de laboratorio, que puede sonar a ironía -cuando la realidad institucional lo es-, muestra lo peligroso de este nuevo certificado de defunción de la autonomía provincial.
El gran acumulador
Amén de que Manzur siempre pareció más cómodo recibiendo instrucciones, esta situación revela que, mientras las instituciones se precarizan, ciertos hombres se fortalecen. Y esta situación es la directa consecuencia de una inaudita acumulación de cargos públicos que a nadie sonroja, pese a ser algo nítidamente prohibido por el artículo 9 de la Constitución provincial.
Casi al borde de lo que una república tolera, Manzur concentra ahora tantas prerrogativas constitucionales (federales y provinciales) que no es descabellado preguntar -de modo hipotético, claro, sin ironías- lo siguiente: como ministro de la Nación, ¿podría ser sometido a juicio político por el Congreso sin antes ser removido como vicegobernador por la Legislatura? ¿Qué otro ministro gozará de semejante blindaje?
Tucumán es el claro ejemplo de cómo se puede tener una Constitución vacía de espíritu constitucional, como enseña Walter Carnota. En estas tierras, las normas constitucionales -pareciera- ya no sirven para limitar el poder, sino para facilitar sus desbordes.
No hay que sorprenderse, entonces, de los resultados: el vicegobernador es funcionario de la Presidencia; el que le sigue en el orden sucesorio (el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla) es senador nacional electo y el gobernador, José Alperovich, es senador suplente de Mansilla. Si esto no es una ironía institucional, ¿qué otra cosa lo es?
