Un programa que va desde la mudanza al cambio de identidad

El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados está vigente desde agosto de 2003. Fue creado para "la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal", según el artículo 1 de la Ley 25.764.
El amparo está dirigido especialmente a quienes colaboren en el esclarecimiento de las causas que investigan las violaciones a los derechos humanos, los secuestros extorsivos y la comisión de delitos vinculados con el narcotráfico. Pero, a requerimiento de autoridad judicial, se podrá incluir otros hechos relacionados con la delincuencia organizada o de violencia institucional.

Evaluaciones y medidas
Las medidas específicas de protección serán dispuestas por el juez o tribunal federal a cargo de la causa, que deberá evaluar una presunción cierta de un peligro para la integridad física de una persona como consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa penal; el interés público involucrado y la viabilidad y posibilidad de concretar la protección, que alcanzará a la familia del afectado.
El abanico de acciones prevé la custodia personal o domiciliaria por parte de efectivos de fuerzas de seguridad provinciales o nacional; el alojamiento temporario en lugares reservados; el cambio de domicilio; el suministro de los medios económicos para la subsistencia por seis meses; la asistencia para la reinserción laboral y la entrega de documentación oficial bajo un nombre falso.

Admisión y permanencia
El beneficiario, a su vez, debe asumir compromisos expresos. Para ser admitido y permanecer en el programa debe mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto de la situación de protección y de las medidas adoptadas.
Paralelamente, el testigo protegido debe someterse, en caso de ser necesario, a los exámenes médicos, psicológicos, físicos y socioambientales que permitan evaluar su capacidad de adaptación a las medidas que el Estado se viera obligado a adoptar para garantizar el resguardo de su seguridad y la de su familia.
El programa se aplica con apoyo y efectivos policiales de los gobiernos locales en Corrientes, Córdoba, Santa Fe y Chubut, entre otras provincias.