La Justicia Federal pide ayuda provincial para proteger testigos

La desaparición transitoria de Orlando Américo González aceleró la iniciativa en la que venía trabajando la secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº1, Virginia Duffy, para la creación de un equipo policial que se encargue de la protección de testigos en causas que investiguen la comisión de delitos de lesa humanidad.
González debía declarar contra el comisario (r) Francisco Camilo Orce por amenazas, pero no llegó a los Tribunales Federales. Horas más tarde, Gendarmería nacional lo encontró escondido en la casa de un familiar, en Villa Angelina.
El hecho motivó que el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, acompañado por Duffy, se presentara en Casa de Gobierno, para dialogar con el gobernador, José Alperovich.
"Le planteé la problemática que tenemos en con la protección de testigos en la Justicia Federal.?No contamos con fuerzas de seguridad suficientes", explicó el magistrado, en referencia al número de efectivos de Gendarmería nacional y de Policía federal destinados a la custodia y a la protección de los testigos por causas de delitos de lesa humanidad. "Pensamos como alternativa la instrumentación, mediante la Policía provincial, de un grupo especial de protección de testigos", explicó.
Según afirmó Bejas, el gobernador le manifestó la misma preocupación y convocó a una reunión para hoy a las 10 entre funcionarios judiciales y del Ministerio de Seguridad Ciudadana. El cuerpo especial de la Policía debería estar integrado, según el proyecto, por entre 20 y 25 efectivos jóvenes, que serán capacitados expresamente para cumplir esa función.
"Es una Policía que continuará dependiendo de la Provincia, a quien podemos pedirle colaboración llegado el momento", dijo. Bejas afirmó que el avance de las causas en delitos de lesa humanidad motivará un incremento de los testigos y de las víctimas, lo que tornará aún más necesaria la fuerza especial.

Comisión especial
Duffy, en tanto, agregó que los legajos de los jóvenes policías serán revisados por una comisión especial creada para eso.
"Estará integrada por por los organismos de derechos humanos querellantes, por miembros de las secretarías de Derechos Humanos de las provincias y por funcionarios que puedan arbitrar una selección por legajos de personal policial que genere confianza a los testigos y a las víctimas que van a recibir su protección", afirmó la funcionaria judicial.
Según explicó la letrada, en Córdoba y en Santa Fe ya se cuenta con este equipo. "Se trata de una unidad especial que dependerá del Ministerio de Seguridad, y actuaría bajo pedido de un juez federal en caso de delitos de lesa humanidad, sobre todo cuando se trata de imputados que están presentes en el cuerpo social del cual forma parte el testigo o la víctima", sostuvo.
Duffy agregó que la Provincia cuenta con un departamento de protección del testigo y de la víctima, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos. "Esta unidad especial de la Policía funcionaría en torno de la Ley 7.860. Hay una normativa provincial y nacional que ampararía la creación del equipo policial especial que solicitamos", consideró.