Un camarista le dijo dos veces que no al titular de la Corte

Aunque en su carácter de titular de la Junta Electoral, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, recibió dos traspiés procesales en menos de 72 horas. Como consecuencia, no logró reactivar el suspendido y polémico proceso al que había convocado el gobernador, José Alperovich, para que los letrados eligieran el 3 de julio a quien los representará en el Jurado de Enjuiciamiento. Esto se encuentra judicializado a raíz de la acción de amparo colectivo que impulsó el Colegio de Abogados, que se opone al llamado y a la intervención de la Junta por considerarlos una intromisión del poder político en el estamento profesional.
El miércoles, Salvador Ruiz, a cargo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, decretó que, como no se había invocado y justificado "un daño grave e inminente para el interés u orden público" no era procedente el pedido formulado por Gandur y por el fiscal de Estado, Pedro Giúdice (en su carácter de vocal de la Junta Electoral), para que se les permitiera seguir adelante con el proceso.

Verdadero laberinto
El proceso está suspendido desde que el martes Ruiz les pidió a la Provincia y a la Junta Electoral que informaran sobre los antecedentes del decreto del Poder Ejecutivo que convocó a elecciones a los abogados y de la resolución de la Junta que estableció el cronograma. El vocal aclaró que esto debía cumplirse con los alcances previstos por el artículo 83 del Código Procesal Constitucional. Este fija una medida cautelar automática, ya que dispone que, una vez que sea requerido el informe, el órgano al que se lo ha solicitado debe abstenerse de agravar la situación existente o, en su caso, suspender los efectos del acto cuestionado.
Contra la primera negativa de Ruiz, Gandur y Giúdice articularon un recurso de revocatoria. Por medio de este, esgrimieron que oficializar los candidatos o pedirles que presenten las boletas que usarán en las elecciones no constituyen actos que tengan la propiedad de "agravar o afectar el núcleo de la pretensión (del Colegio de Abogados), por cuanto esas acciones pueden ser posteriormente anuladas". Agregaron que, en cambio, sí revestían tal carácter la celebración efectiva de los comicios y la proclamación de los postulantes, razón por la que en el cronograma electoral detallado en el informe que elevaron no los habían incluido.
No obstante, por segunda vez, Ruiz bloqueó el intento de reflotar el proceso. Fundamentó que a la Junta Electoral se le había pedido únicamente un informe y acotó que, al no ser parte en el juicio, "ya que no fue demandada por carecer de personería jurídica", correspondía devolver el recurso intentado.
Como consecuencia, la Junta Electoral no pudo resolver ayer, como tenía previsto, la oficialización de los únicos postulantes: Silvia Peyracchia y Carlos Cattáneo, como candidatos titular y suplente. Ambos fueron impugnados por Jorge Contrera (secretario del Colegio de Abogados), que, en el caso de Cattáneo, objetó la supuesta incompatibilidad de querer representar al estamento profesional en el Jurado de Enjuiciamiento pese a ser asesor del Poder Ejecutivo.