La oficialización de listas terminará el jueves

El abanico de candidatos a las Cámaras de Diputados y de Senadores para el 28 de junio quedará, en principio, definido el jueves. Hasta ese día, el juez federal electoral, Daniel Bejas, pretende tener resuelta la oficialización de las listas presentadas por cuatro alianzas y diez partidos políticos.
La expectativa está centrada en qué pasará con las postulaciones de José Alperovich y de Beatriz Rojkés por el Frente para la Victoria, que son las únicas impugnadas. El resto de las candidaturas no presenta inconvenientes (ver "Bejas aprobará ...").
Alperovich (primer suplente para el Senado) fue objetado por los militantes de la UCR Ariel García, Lía López y Dante Salvioli, que alegaron que la Constitución Nacional prohíbe a los gobernadores integrar el Congreso. El mandatario y su esposa (cabeza del oficialismo para la Cámara Alta) fueron también cuestionados por el titular de Defensa Provincial Bandera Blanca, Exequiel Avila Gallo, por tener 27 denuncias penales en su contra. El ex diputado nacional integra la alianza Unión PRO-Federal, que lidera el peronista disidente Fernando Juri.
Las presentaciones serán analizadas desde mañana por el fiscal federal electoral Emilio Ferrer, quien se reintegra a su despacho. Si bien tiene tres días hábiles para pronunciarse, lo haría con la máxima celeridad. Los expedientes fueron recibidos el viernes pasado por el fiscal federal subrogante Carlos Brito, quien los reservó para que fuese Ferrer el que dictamine. Sólo emitió opinión en los casos de los otros partidos y alianzas, en los que no había objeciones.
Luego de que Ferrer evalúe los escritos, Bejas estará en condiciones de resolver en un plazo de cinco días hábiles, los que no agotará. Lo primero que analizará es su competencia para actuar; después, si las impugnaciones han sido formuladas respecto de las calidades de los candidatos o sobre las condiciones exigidas para ocupar una banca, ya que sólo puede pronunciarse en el primer aspecto. Si supera estos dos controles, se abocará al fondo de la cuestión.

Ampliación
Mañana, los radicales efectuarán una ampliación judicial contra el mandatario, con nuevos elementos. "Su postulación viola el pacto de San José de Costa Rica, porque vulnera la autenticidad de su inscripción, que implica el compromiso específico de asumir el cargo. Alperovich debería renunciar ya para jurar como senador a fin de año; si no lo hace, engaña o intimida a los tucumanos con su figuración en la boleta electoral del kirchnerismo", dijo García.
El dirigente recordó que en el escrito original hizo reserva del caso federal para poder apelar una sentencia en contra de su planteo, y anticipó que tiene decidido apelar hasta instancias internacionales de ser necesario. "Acudimos a la justicia para poner límites y que la gente pueda elegir libremente y sin presiones de los gobernantes en absolutamente nada, más allá que puedan recibir la ayuda social o laboral que les corresponde por justos derechos", agregó.
Respecto de la impugnación impulsada por Avila Gallo, la expectativa de que prospere son mínimas. La legislación no contempla a las denuncias penales como impedimento para ser candidato; es más, una persona que esté procesada e incluso detenida puede postularse a un cargo por el principio de inocencia (es el caso de Luis Patti en Buenos Aires). La pérdida de los derechos constitucionales electorales se produce a partir de que haya una sentencia condenatoria firme e inapelable. Por este motivo, se habilitarán urnas en las cárceles.

Una candidata del laborismo no figuraba en el padrón

El Partido Laborista debió modificar su lista de candidatos en dos cargos, y espera la oficialización por parte de la Justicia Federal Electoral. En lugar de la postulante al Senado en segundo término, Gladys Rosa García, figura ahora Rosa Ojeda, quien era segunda suplente en esa categoría; y en vez del renunciante Héctor Antonio Garzón se ubicó (por corrimiento) a Manuel Alvarez en la nómina de diputados nacionales, en cuarto término. Como nuevos suplentes fueron anotados en último término Adriana Apestey (para la Cámara Alta) y Arturo Arroyo (para la Cámara Baja). El caso de García es particular. "No se la admitió como candidata porque no estaba en el padrón electoral del país, pese a tener un DNI actualizado. Inscribirla es responsabilidad del Estado", aseveró Osvaldo Cirnigliaro, cabeza de la lista senatorial.