El Colegio de Abogados de esta capital sufrió un revés procesal. Salvador Ruiz, a cargo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, rechazó la medida cautelar de no innovar que había solicitado la institución para que no se aplicaran preventivamente las polémicas Leyes 7.720 y 7.993, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por la entidad que agrupa a los profesionales. Las polémicas normas autorizan a diferir hasta el momento previo al dictado de toda sentencia el pago de los aportes previsionales (y de los bonos profesionales) que los letrados tradicionalmente abonaban al iniciar un proceso judicial.
En su resolución, el magistrado consideró que, en la demanda, la entidad que agrupa a los profesionales articuló una pretensión que sólo persigue la declaración de inconstitucionalidad de las Leyes Nº 7.720 y 7.993, algo que será resuelto cuando se pronuncie la sentencia que dirima el caso.
Luego, el vocal recordó que el procesalista Lino Palacio enseñaba: “la característica fundamental de este tipo de pretensiones consiste en la circunstancia de que la mera declaración de certeza resulta suficiente para satisfacer el interés de quien las propone y, por lo tanto, para agotar el cometido de la función jurisdiccional”.
En la misma dirección, Ruiz aclaró que las medidas cautelares, concebidas para asegurar un determinado resultado, son propias de los procesos en los que se persigue una condena y, por ende, no se condicen con una pretensión -como la esgrimida por los letrados- que sólo aspira a un mero pronunciamiento declarativo. “El Colegio de Abogados busca únicamente la eliminación del estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad de las leyes 7.720 y 7.993, situación que sólo podrá analizarse en oportunidad del dictado de la sentencia definitiva acerca de la cuestión traída a juicio, ya que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la última ratio (recurso) del ordenamiento jurídico”, manifestó.
Una vieja rencilla
Desde que fue sancionada, en diciembre de 2007, los abogados siempre sostuvieron que la Ley 7.993 buscaba afectar la fuente de financiamiento de la entidad que los agrupa. Esgrimen que es una suerte de vendetta de los poderes políticos, porque la institución logró que fuera declarada nula la disposición de la Constitución reformada en 2006, que confería al Poder Ejecutivo nada menos que la atribución de organizar -por decreto- el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
