Cada vez que el recinto de sesiones de la Legislatura abre sus puertas, nadie duda cómo será el resultado de cada votación. La incondicionalidad del presidente de la Cámara, Juan Manzur, respecto del gobernador, José Alperovich, y la abrumadora mayoría que tiene el oficialismo en las bancas aseguran los votos suficientes como para definir el destino de las leyes que entran en debate.
Este amplio e indiscutible dominio de la interna parlamentaria, con un control consolidado de las disidencias políticas dentro del bloque Tucumán Crece, despejan el panorama a largo plazo. Hace dos años, en cambio, el justicialismo legislativo era un hervidero de tensiones; hoy, nada parece alterarlo.
Esta ausencia de tormentas no parece haber sido aprovechada para potenciar las políticas de transparencia en el seno de la Legislatura, ni la aplicación de los parámetros internacionales consensuados para optimizar los vínculos entre el pueblo y sus representantes naturales e institucionales, y para luchar contra la corrupción. Algunos de esos principios fueron aprobados hace tres años por la Oficina Anticorrupción de la Argentina (ver “Consensúan...”).
Tres situaciones valen como muestra. En lo que va de 2009, algunos hechos sorprendieron a la sociedad. En noviembre pasado, el salario bruto de cada legislador pasó de $ 5.000 a $ 7.500 por mes (a ese monto se le deben hacer los descuentos de ley), por una resolución interna del presidente del cuerpo en uso de sus facultades constitucionales (artículo 68 de la Carta Magna). El aumento no fue conocido hasta febrero, lo que generó indignación y obligó a que se anule esa medida. El propio Manzur dispuso la marcha atrás, al argumentar que la situación económica provincial no era la adecuada para enfrentar este gasto. También el mes pasado, el ex alperovichista Pedro Hugo Balceda aseveró que le adeudaban los gastos de funcionamiento, desde que se alejó de la bancada Tucumán Crece. La cifra que percibe cada legislador para contratar personal y para sus ayudas sociales es un misterio en sí misma: oficialmente es de $ 10.000 por mes por cada uno, pero en privado, algunos oficialistas la elevan a $ 30.000 mensuales.
Este viernes se dio inicio a las obras para construir un nuevo edificio parlamentario, a un costo de casi $ 94 millones. Tanto el anteproyecto arquitectónico como la ejecución de los trabajos fueron adjudicados en forma directa. Este procedimiento, por el cual se eludió la licitación pública, fue autorizado por unanimidad por los legisladores en noviembre de 2007 para la primera etapa, y luego ampliado para todo el emprendimiento en junio de 2008 (esta vez, sólo se opuso el radical José Cano).
Visiones opuestas
Manzur rechazó las interpretaciones críticas sobre el funcionamiento legislativo. Aseveró que todas las decisiones que se adoptan en el Estado (abarcando los poderes Ejecutivo y Judicial) son transparentes y están disponibles para los ciudadano. “No hay nada secreto ni se hace nada evitando controles”, aseveró (ver “No existen...”).
En cambio, la titular del programa Poder Legislativo de la Asociación por los Derechos Civiles, Natalia Monti, reclamó que se facilite el control de la sociedad (ver “Es frecuente...”), y la directora ejecutiva de Poder Ciudadano, Laura Alonso, destacó que la transparencia es una decisión política antes que económica (ver “Debemos...”).
