“La planta puede operar de manera perpetua”

Ya son siete los municipios del Gran San Miguel de Tucumán que, a diario depositan sus residuos en la planta de tratamiento de Pacará Pintado. El predio, propiedad de la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL, está bajo la mira judicial: tanto en la órbita federal como provincial se tramitan causas para determinar si vulnera o no la normativa vigente en la materia.
Tras la sanción de la ley que devuelve a los municipios la responsabilidad de la gestión integral de la basura, el gobernador, José Alperovich, anunció que la Provincia destinaría $ 130.000 para que los intendentes de Tafí Viejo, Javier Pucharras, y de Alderetes, Julio Silman, contraten los servicios de la planta. A partir de ayer, los camiones de esas ciudades comenzaron a descargar la basura en el predio, que también recepta los desechos de la capital, de Yerba Buena, de Las Talitas, de Lules y de Banda del Río Salí.

En condiciones
A pesar del volumen de residuos que debe tratar, el titular de la empresa, Mario Criado, aseguró que el predio se encuentra en condiciones de afrontar el desafío. "La planta fue diseñada y construida para operar con 1.000 toneladas por día, y hoy estamos con 800 toneladas. Es decir que todavía tiene una capacidad ociosa de 200 toneladas. En la medida que no se superen las 1.000 toneladas diarias, esta planta puede operar en forma perpetua, porque las celdas (en donde se tratan los residuos) se reutilizan", detalló. Criado, incluso, aseguró que cuenta con un apto ambiental definitivo otorgado por el Consejo Provincial de Economía y Medio Ambiente, que caducará en 2011. Este certificado, según dijo, le fue concedido según los términos que establece la ley luego de que el Estado verificó el cumplimiento de las normas.
Criado minimizó el informe de la UNT publicitado en la sesión legislativa por el radical José Cano -y que obra en manos del juez federal subrogante Mario Racedo-, en el que se objetan aspectos de la planta y riesgos de contaminación. "No tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, habla del peligro de contaminación a la cuenca del río Salí, pero las obras de reencauce que se hicieron evitarán cualquier contingencia. No hay ninguna posibilidad de contaminación", dijo. Luego, insistió en que la empresa cumplirá con lo que disponga la Justicia. "Ya se rechazaron dos amparos que perseguían el cierre", se escudó. Por lo pronto, es probable que el 7 de abril se concrete una nueva pericia ordenada por la Cámara en lo Civil y Comercial Común, que estará a cargo de la especialista María Luisa Genta.