Ambientalistas advierten que la generación de vaciaderos en cada ciudad será incontrolable

A una semana de la sanción de la ley que devuelve la responsabilidad sobre la gestión de los residuos a los intendentes, dirigentes ambientalistas reclamaron al gobernador, José Alperovich, que vete el controvertido proyecto.
Los miembros del comité ejecutivo de la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales, entidad que impulsa vía judicial el cierre del predio de disposición final de Pacará Pintado, remitieron una carta al mandatario y al ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Gassenbauer, mediante la que expusieron los inconvenientes que, según su experiencia, acarreará la administración del destino de la basura en manos de jefes municipales y comisionados rurales. Puntualmente, Pedro Otonello (presidente), Luis Grosso (vice) y Juan Manuel Prado Iratchet (secretario general) hablaron de un claro retroceso normativo.
Recordaron que la sanción de la ahora modificada Ley 7.622 (transfirió a la Provincia la responsabilidad) fue el corolario de un arduo trabajo durante 2004 y 2005 entre legisladores de todos los signos políticos, funcionarios del Poder Ejecutivo y de los municipios y diversas ONGs. "Analizadas las capacidades de los municipios y de las comunas, coincidimos en que era necesario equiparar las posibilidades de cada uno de ellos, por cuanto eso significaba equiparar la calidad de vida", plantearon.
En el documento, además, justificaron su oposición a que los intendentes y los delegados sean los que administren el destino de los residuos que genera cada ciudad. "Desarrollar una gestión de residuos en un municipio o en una comuna, que se ajuste al concepto de Basura Cero, implica disponer de una estructura de especialistas, quienes deberán diseñar un plan de gestión adecuado a la reglamentación, implementarlo en tiempos razonables y controlarlo constantemente. Esta línea de pensamientos nos llevó, en 2005, a una conclusión inevitable: sólo el Gobierno provincial puede y debe garantizar la salud pública de la comunidad. Y la segunda conclusión fue que resulta imposible poner en un plano de igualdad a todos los municipios, desde el punto de vista operativo", reforzaron.

Refutación
Los ambientalistas, incluso, replicaron el argumento esgrimido por el oficialismo legislativo hace una semana, al momento de dar marcha atrás con los preceptos de la Ley 7.622. "Convencidos de que se debía respetar la autonomía municipal, en la norma se permite a los municipios decidir, en función de su capacidad operativa y de sus reales posibilidades, las etapas de la gestión integral de los residuos que ejecutará", señalaron.
Luego, los referentes de la misma entidad que en 2004 frenó -al obtener un amparo judicial- la instalación de 1.000 máquinas tragamonedas en el hipódromo, no ahorraron en críticas hacia la inacción del Estado en materia ambiental: "en diciembre de 2005 se creó una unidad ejecutora que debió haber redactado los pliegos para contratar las obras correspondientes a las estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y disposición final. Además, debió gestionar los financiamientos necesarios y brindar asesoramiento en la materia a todos los estamentos oficiales".
La conclusión a la que arribaron los referentes ambientalistas es que la Provincia "retrocede los importantes pasos que se lograron" para resolver la problemática de los residuos, si es que se promulga la norma aprobada el jueves 19. A la vez, lanzaron una advertencia contundente: "la generalización en toda la geografía provincial de las plantas de disposición final, como promueve este nuevo proyecto, será incontrolable en sus aspectos sanitarios y sociales, generando nada más que desazón y reclamos constantes de la comunidad".