En 2003, uno de los actos fundacionales de José Alperovich consistió en extinguir el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que funcionaba desde 1991. Aunque la realidad demostró que sólo se buscaba volver a la pura discrecionalidad política en la designación de los jueces, la excusa para tal desmantelamiento institucional fue que el CAM se había vuelto corporativo. Es la fórmula que Alperovich había encontrado para expresar -quejarse más bien- que otros actores (y no sólo el PE) intervenían en tan fundamental cuestión: la Corte Suprema, la UNT y el Colegio de Abogados. Ese diseño rudimentario pivotaba -como era lógico entonces- alrededor de la fortaleza del CAM, montado para menguar el dedo político. Por eso, resulta alentador que los abogados propongan ahora un CAM igual de equilibrado en su composición, pero focalizado en una selección transparente por medio de concursos públicos en los que la prueba escrita -en la que los participantes deberían sacar como mínimo seis sobre diez puntos posibles- sea el principal factor para asignar méritos. ¿Qué excusa pondrá esta vez Alperovich para eludir un mecanismo que pretende limitar los márgenes para el acomodo?
