Los dos colegios de abogados de la provincia (el de la capital y el del sur) sugirieron ayer que los futuros jueces deben surgir de un riguroso proceso de selección, en el que el factor más importante por valorar sea el resultado del examen escrito al que tendrán que ser sometidos los interesados en cubrir la treintena de vacantes en el Poder Judicial. Tal importancia le asignan a este elemento, en tanto pauta objetiva para determinar méritos, que consideran que quienes no obtuvieran por lo menos seis puntos (sobre diez posibles) en la prueba de oposición no deberían seguir participando del concurso público que se abriría por cada cargo acéfalo.
Este es uno de los ejes del documento en el que los consejos directivos de la dos entidades establecieron "los contenidos mínimos esenciales" que, según concluyeron, debería respetar la ley que organice el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). La propuesta fue elevada anoche mismo al gobernador, José Alperovich; al vicegobernador, Juan Manzur, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur.
En pos de la objetividad
El trabajo consta de seis puntos y los tres primeros definen las competencias y atribuciones del CAM que, según los letrados, debería contar con 12 miembros y disponer de independencia, autonomía funcional, autarquía financiera y potestad para dictar su propio reglamento interno ("Proponen..."). Los restantes especifican las pautas a las que tendría que sujetarse el procedimiento de selección, según los tres parámetros clave que prevé la Constitución: prueba de oposición escrita, valoración de los antecedentes de los aspirantes y entrevista. En este aspecto, los letrados recomendaron que, "para mayor objetividad", el examen (corregido de forma anónima, sin que se sepa quién ha efectuado la prueba) debería tener -en puntos- "prevalencia por sobre los otros".
Como consecuencia, los abogados propugnaron que, en cada concurso al que se convoque para cubrir un cargo, sean asignados en total 100 puntos: 60 por la prueba de oposición escrita; 25, por antecedentes, y apenas 15 por la entrevista. Asimismo, considerando al examen en forma particular y separado de las otras etapas, sostuvieron que, si el máximo puntaje posible que se asignara por él fuera diez, "el aspirante que no obtuviera, como mínimo, seis puntos, no podría seguir concursando".
Otro elemento que recomienda el documento es que, además del CAM, como sucede en el orden nacional, se convoque a un tribunal técnico, para que corrija la prueba de oposición efectuada por los concursantes. Ese comité evaluador, según la propuesta, debería estar conformado "por un letrado de reconocida trayectoria en la materia (vinculada a la vacante), elegido por el Colegio de Abogado de la jurisdicción en la que haya que cubrir la vacante; un representante del Poder Judicial del fuero (al que corresponda el cargo) y un reconocido académico de otra provincia".
El corolario es que, tras la calificación de las tres etapas, resulte un orden de mérito, de manera que el CAM pueda elevar una terna vinculante al Poder Ejecutivo con los nombres de quienes lo encabezaran, para que elija a uno por cargo.
