BUENOS AIRES.- El conflicto Gobierno-campo que convirtió a toda la sociedad en testigo de una pelea sin precedentes, en la historia reciente entre el Estado de un país y uno de los principales sostenes de su economía, tuvo su punto de partida el miércoles 11 de marzo del año pasado.
Ese día, el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, anunció un nuevo esquema de retenciones móviles para las exportaciones de granos y oleaginosas, que representaba una suba de entre siete y nueve puntos para la soja y el girasol, así como la rebaja de un punto para el trigo y el maíz.
Al día siguiente, las cuatro entidades del campo lanzaron el primer paro contra la gestión de Cristina Kirchner, tres meses después de haber asumido como Presidenta de la Nación, anunciando que suspendían la comercialización de carnes y granos en todo el país por 48 horas. Fue el comienzo de un conflicto que se prolongó hasta el 18 de julio, cuando el Gobierno nacional decidió derogar la resolución 125, tras el revés que recibió desde el Senado.
Transcurrieron 129 días de marchas, cacerolazos, actos, discursos, amenazas y peleas. Fueron más de cuatro meses de conflicto que cerraron un primer capítulo esa madrugada de invierno con un "que la historia me juzgue", pronunciado por el vicepresidente Julio Cobos antes de su voto "no positivo", dejando una herida aún abierta entre los principales generadores de divisas del país y el más alto poder político. El conflicto agropecuario vivió los momentos más críticos y tensos en los actos, movilizaciones, discursos, decisiones y dentro del Congreso.
Este año, las partes retomaron el diálogo, pero con reservas sobre los temas a tratar, en el marco de una gran tensión y de incertidumbre en el campo. (DyN)
