La Ley 8.136, que posibilita que los poderes políticos designen discrecionalmente jueces provisorios sin ningún mecanismo de selección, sufrió un nuevo embate. Los abogados Guillermo Avila Carvajal y Félix R. de la Peña ahora también solicitaron que sea declarada inconstitucional la norma (no llegó a ser promulgada), sancionada el 18 de diciembre, que permitía que se nombraran magistrados subrogantes -por medio del mecanismo de la Ley 8.136- incluso en los cargos creados pero que nunca llegaron a ser integrados.
Los letrados argumentaron que, con la excusa de aclarar el artículo 2 de la Ley 8.136, el oficialismo sólo pretendía allanar el camino para la conformación del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Por eso, y de paso, también plantearon la inconstitucionalidad de la Ley Ley 7.790, que en 2006 estableció aquel tribunal por encima de la Cámara del mismo fuero.
Como consecuencia de la acción de amparo que Avila Carvajal y su colega promovieron (contra la Ley 8.136), el 21 de diciembre, Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictó una medida cautelar que bloqueó el mecanismo que permite dicha norma. Ahora, los abogados ampliaron la demanda originaria por entender que, si la Ley 8.136 buscaba solucionar el problema de las vacantes en la Justicia, no podía facilitar a los poderes políticos la designación de subrogantes en un tribunal que antes no había sido integrado.
Sobre la Ley 7.790, esgrimieron: "enmascarado bajo la figura de un Tribunal de Apelaciones, se ha creado una verdadera comisión especial, prohibida por el artículo 18 de la Constitución nacional, con el fin de designar jueces amigos para neutralizar fallos adversos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo".
Los letrados argumentaron que, con la excusa de aclarar el artículo 2 de la Ley 8.136, el oficialismo sólo pretendía allanar el camino para la conformación del Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Por eso, y de paso, también plantearon la inconstitucionalidad de la Ley Ley 7.790, que en 2006 estableció aquel tribunal por encima de la Cámara del mismo fuero.
Como consecuencia de la acción de amparo que Avila Carvajal y su colega promovieron (contra la Ley 8.136), el 21 de diciembre, Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictó una medida cautelar que bloqueó el mecanismo que permite dicha norma. Ahora, los abogados ampliaron la demanda originaria por entender que, si la Ley 8.136 buscaba solucionar el problema de las vacantes en la Justicia, no podía facilitar a los poderes políticos la designación de subrogantes en un tribunal que antes no había sido integrado.
Sobre la Ley 7.790, esgrimieron: "enmascarado bajo la figura de un Tribunal de Apelaciones, se ha creado una verdadera comisión especial, prohibida por el artículo 18 de la Constitución nacional, con el fin de designar jueces amigos para neutralizar fallos adversos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo".








