Legisladores proponen cómo debería integrarse el CAM

En las discusiones con el Gobierno, los representantes de los colegios de abogados (de la capital y del sur) siempre insistieron en que el problema de la cobertura de las vacantes en la Justicia se solucionaría con la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Este, según insisten, debería encargarse de la selección de quienes ocuparán los cargos de forma definitiva y, eventualmente, también de quienes podrían hacerlo de forma transitoria si así lo exigieran las necesidades de un determinado fuero. No obstante, hasta el momento, los letrados no han expresado cómo debería ser integrado el CAM. Sí lo hicieron, en cambio, dos legisladores de la oposición por medio de sendos proyectos de ley.
El republicano Luis José Bussi propugna un Consejo (no lo llama CAM) formado por nueve miembros: tres legisladores (elegidos por el voto de las dos terceras partes de la Cámara en la forma en que esta lo determinara), tres jueces (uno de ellos, vocal de la Corte Suprema seleccionado por acuerdo de sus pares) y tres abogados de la matrícula.
Exceptuando el caso del vocal del alto tribunal, según la iniciativa, los otros dos jueces deberían ser elegidos mediante elecciones de las que participarán todos los magistrados en servicio activo. Por igual mecanismo deberían surgir los representantes de los letrados, aunque dos de ellos por la lista que más votos obtuviera en los comicios y el restante, por la que le siguiera en el número de los sufragios obtenidos.

Opción bussista
En el esquema diseñado por Bussi (h), la presidencia del órgano debería ser ejercida por el vocal de la Corte que lo integrara que, inclusive, contaría con doble voto, en caso de empate entre los otros miembros acerca de cuáles postulantes tendrían que ser seleccionados.
Mientras tanto, José Cano promueve un CAM formado por un vocal de la Corte, un juez designado por la Asociación de Magistrados, tres legisladores (dos por la mayoría y otro por la primera minoría), un representante por cada una de las facultades de Derecho de la provincia (ahora hay tres) y un letrado (del Colegio de Abogados de la capital o del sur, según donde se encontrara ubicado el cargo por cubrir).
Tanto Bussi como Cano impulsan que el órgano selector, una vez concretados los correspondientes concursos (de oposición y antecedentes) de los postulantes a cubrir las diferentes vacantes, eleven por cargo una terna vinculante de la que no podría apartarse el Poder Ejecutivo. Este, como consecuencia, estaría obligado a elegir a uno de los tres y solicitar el correspondiente acuerdo de la Legislatura.
El hecho de que ambos proyectos hablen de la elevación de ternas tiene importancia en un punto. El artículo 101, inciso 5, última parte, de la Constitución sólo establece que el CAM debe emitir un dictamen vinculante para el Poder Ejecutivo (sobre los aspirantes), pero no menciona la palabra terna.
En el caso de la iniciativa de Cano, además, precisa que el CAM, previa solicitud de la Corte, estaría facultado para seleccionar y proponer ternas de profesionales para que se desempeñen como jueces subrogantes por un período no inferior a 18 meses.