Las conversaciones sostenidas por el presidente del Colegio de Abogados, Eudoro Aráoz, con funcionarios del Poder Ejecutivo para encontrar una fórmula legal que permita designar jueces interinos derivaron en un terremoto dentro de la entidad profesional.
Desde que se conocieron los contactos, el grupo de directivos que responde al vicepresidente, Jorge Cheín, identificados con la lista opositora Manuel Belgrano, viene expresando su malestar, que se hará público antes de la reunión de la comisión de este miércoles. En el encuentro, Aráoz dará un informe sobre las gestiones a la espera de ser avalado por sus colegas.
“Me parece acertado que el presidente haya desmentido todo consenso con el PE, porque lo contrario significaría un renunciamiento de las posiciones que viene sosteniendo el colegio y una decepción para quienes lo votaron y para una ciudadanía expectante con la resolución del conflicto en la Justicia. Espero escuchar sus explicaciones sobre cuáles son sus objetivos y alcances”, afirmó Daniel Ponce, quien preside la junta electoral. El vocal aclaró que Aráoz no fue autorizado por la entidad a acordar nada con nadie y señaló que las opiniones que virtió sobre la eventual reforma constitucional estaban fuera de lugar porque exceden el interés institucional del colegio.
Originalmente, la lista Belgrano fue una conjunción de sectores de Juan Bautista Alberdi, Quórum y Compromiso Etico. Este frente se impuso en la elección de renovación parcial de la comisión directiva de 2006. En tanto, el oficialismo de la lista Mariano Moreno (donde también había dirigentes de la Alberdi) sumó a la Verde, alianza que le garantizó el triunfo en los comicios de noviembre del año pasado. En su seno también hay diferencias con lo actuado por Aráoz.
Tensiones con el sur
Los vínculos que se vinieron creando en actividades conjuntas entre los colegios de la capital y del Sur también quedaron deteriorados en este escenario. Si bien los contactos institucionales se mantendrían (especialmente para acordar beneficios conjuntos para los asociados), el acercamiento político entraría en un cono de dudas.
La entidad que reúne a los letrados de Concepción y de Monteros tiene previsto emitir un comunicado formal sobre su posición en torno a la Ley de Subrogancia, cuya vigencia está suspendida por la Justicia por una acción que presentó ese colegio profesional.
La sanción de una ley que reemplace la 8.136, que redefina el modo de seleccionar a los magistrados transitorios, haría caer esa causa y, por tanto, la medida cautelar dictada en diciembre por el camarista en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo. Las nuevas disposiciones tendrían que ser objeto de otro juicio, si se considera que violan alguna norma.
