El clima de ebullición que causó el legislador Pedro Balceda trascendió las fronteras de la Legislatura. En todos los ámbitos políticos se habla de las acusaciones sobre intentos de intervenir el Poder Judicial y de las pretensiones por “facturar mejor” de algunos legisladores oficialistas.
La senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra Morales (FR) dijo ayer que las declaraciones de Balceda aterrorizan, porque desnudan que quienes gobiernan en Tucumán están enfermos de poder. “El proyecto de avasallar a la Justicia para lograr hegemonía y dominio absoluto sobre la población, seguramente tiene cómplices entre algunos legisladores nacionales, porque necesitan una ley del Congreso para lograr su objetivo”, advirtió.
“Después del escándalo desatado por Balceda, va a ser difícil disimular que los pobres fueron solamente una manera de llegar, porque si les dolía la marginación y la miseria tuvieron cinco años para aliviarlas, pero se dedicaron al asistencialismo prebendario para salir del paso”, resaltó.
Los dirigentes Sandra Manzone, Héctor Monayer y Amado Deguer (Coalición Cívica) señalaron que si lo dicho por Balceda es cierto, “estamos en presencia de un Gobierno que se maneja con códigos mafiosos, que manipula la Legislatura con un sistema prebendario, tarifado y diferenciado según su obediencia”.
El ex presidente de la Convención de la UCR, Ariel García, por su parte, coincidió con Balceda en que el oficialismo busca el remedio federal -señaló- para la Justicia a fin de esquivarla y de asegurar la re-reelección. “Esto no hace más que evidenciar lo que denuncié en diciembre de 2008, cuando el legislador Sergio Mansilla se expresó de manera irónica ante el fallo del juez Rodolfo Novillo, que ordenó la suspensión de la Ley 8.136, que facultaba al Gobierno a que designara jueces interinos.
