El magistrado que pretenda dejar su juzgado o vocalía para aspirar a desempeñarse como interino en un cargo de mayor jerarquía, previamente, debe dar cuenta acerca de en qué condiciones quedará el despacho que ocupa en propiedad y como titular. Esta es la posición que ayer sentó el secretario del Colegio de Abogados, Francisco García Posse.
En todo momento, el letrado aclaró a LA GACETA que la entidad que él integra considera que es inconstitucional la Ley 8.136. No obstante, precisó: "la Corte Suprema, en uso de sus facultades de superintendencia, debiera hacer públicos los informes que tiene sobre el estado de los despachos de todos los jueces y funcionarios que se hayan inscripto o que se vayan a inscribir en el registro (habilitado por el Ministerio de Gobierno)".
García Posse fue terminante: "más allá de la impugnación que formalizaremos contra la ley, públicamente hay que saber quiénes son los que quieren ascender en esta coyuntura y si, por lo menos, cuentan con sus despachos al día. Si no los tienen en esas condiciones, gente con trabajo atrasado no servirá para solucionar ninguna crisis y, con el salto que darán a instancias superiores, sólo generarán nuevas vacantes".
La observación del abogado tiene como soporte el hecho de que el artículo 2 de la Ley 8.136, a diferencia de lo que sucede en el orden nacional, posibilita que quienes se desempeñan en un cargo en el Poder Judicial puedan ocupar interinamente otro, para lo cual deberán pedir licencia sin goce de sueldo respecto del primero, que quedará vacante y que también habrá que cubrir.
García Posse había pedido al alto tribunal que informara en qué estado dejaban sus despachos los magistrados que se jubilan para acceder al beneficio del 82% móvil. Esto porque la propia Corte Suprema, cuando declaró la emergencia funcional de la Cámara en lo Civil y Comercial Común de esta capital, reveló que los tres vocales que se habían retirado, dejaron entre los tres 129 causas pendientes de resolución.
