23 Septiembre 2008
La investigación de la muerte de Adrián Mansilla sufrió uno de los males endémicos que padece la Justicia, no sólo en Tucumán, sino en todo el país: el paso del tiempo. A Mansilla lo mataron en 2003, y el caso llegó a juicio cinco años después. Con estos plazos procesales, los acusados ya cumplieron con la prisión preventiva que establece la ley. Si hubieran sido juzgado dos años después del crimen, “Piki” Orellana y el resto de los imputados habrían salido en un furgón directamente desde Tribunales hasta la cárcel. Los jueces se ajustaron a derecho, tal como se reclama permanentemente. Es comprensible el enojo de los Mansilla, pero eso no quiere decir que tengan razón. Los magistrados les dieron a los condenados todas las garantías necesarias para que no se vulnere su derecho a defensa. Durante el juicio pudieron hablar todas las veces que quisieron, o permanecieron en silencio cuando quisieron. Ahora tendrán la oportunidad de apelar e incluso de presentar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así no quedarán dudas de la sentencia y no habrá más quejas. Si se confirma el fallo, irán a prisión durante buena parte de su vida. Si no, se podrá realizar otro juicio o revisarse una parte de la sentencia. La Justicia les da la oportunidad a los condenados de agotar las instancias, de defenderse hasta el último momento. Oportunidad que, según el fallo de ayer, ellos no le dieron a la víctima.
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